La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles 15 propuestas para reformar la Ley de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), entre las que destaca la limitación de una prestación por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar; y un nuevo sistemas para la definición de las cuantías máximas de la prestación, que no podrán superar los 1.200 euros mensuales por familia.

Además, propone reducir a dos años el requisito del empadronamiento, pero establece la obligación de aportar documentación adicional al Padrón para certificar su residencia.

Artolabal ha comparecido ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento vasco para presentar las propuestas de mejora de la RGI con el objetivo de "consolidarla como instrumento de cohesión social, sobre todo en cuanto a familias se refiere", ya que esta iniciativa ha evitado que más de 132.000 personas cada año padezcan situaciones de pobreza y puedan retornar al mercado laboral".

Según ha explicado, la propuesta del Ejecutivo plantea 15 modificaciones concretas y cinco cambios en la normativa que hacen referencia a la determinación de las cuantías y requisitos; seguimiento y gestión de Lanbide; y controles para usos irregulares y sanciones. Además, en el control de Gestión destaca la importancia de la orientación al empleo.

Beatriz Artolazabal ha destacado la propuesta que modifica y "mejora" la fórmula actualmente utilizada para la determinación de las unidades de convivencia, ya que el sistema utilizado hasta ahora para la determinación de las unidades de convivencia en el marco de la RGI contempla la posibilidad de reconocer más de una unidad perceptora dentro de un mismo domicilio.

Tras afirmar que este sistema había planteado "dificultades de importancia, tanto en lo que se refiere a la generación de agravios comparativos como en lo que se refiere a una mayor complejidad en la gestión de la prestación", ha propuesto que las solicitudes de acceso a la RGI hagan referencia al conjunto de las personas que residen en un mismo domicilio.

Esto se hará, según ha explicado, "con independencia de su vinculación familiar o no, estableciéndose con carácter general un máximo de una RGI por cada domicilio y computándose los ingresos del conjunto de las personas que residen en esa vivienda".

Asimismo, ha concretado que se estudiará el impacto de esta medida en diferentes perfiles y situaciones de personas, con el fin de establecer "las excepciones oportunas".

CUANTÍA

En consecuencia, se plantea modificar la fórmula para la determinación de la cuantía básica de la prestación y de los complementos asociados, con un nuevo sistema para la definición de las cuantías máximas de la prestación, que se basará en un sistema de cuantías base y complementos individuales adicionales.

Este sistema se articulará en función de una cuantía base común de 450 euros para todas las unidades de convivencia, con independencia del tamaño y estructura de la misma.

El sistema de complementos por cada persona adulta residente en la vivienda será variable en función del orden de la persona en el hogar

de forma que por el titular se pagarán 200 euros, la pareja 160 euros y 100 por el resto de adultos que convivan en la vivienda con un máximo de cuatro.

El sistema de complementos por menores a cargo será de 120 euros por el primero, 84 por el segundo menor, 60 el tercero y cuarto, 48 quinto y siguientes. Los complementos por monoparentalidad, discapacidad o violencia de género serán de 100 euros.

EMPADRONAMIENTO

Respecto a la certificación de la residencia en Euskadi, la consejera ha recordado que la normativa que regula la RGI establece en la actualidad que para acceder a la prestación es obligatorio el empadronamiento y la residencia efectiva en Euskadi, siendo necesario cumplir ambos requisitos.

Por ello, plantea establecer una serie de "elementos adicionales a la inscripción en el Padrón de habitante" que permitan certificar la residencia efectiva en la comunidad, tanto durante el plazo mínimo de empadronamiento que se exige para acceder a la prestación -que en la actualidad es de tres años-, como durante el periodo de percepción de la misma".

Además, se

propone reducir a 24 meses el actual periodo de empadronamiento mínimo que se exige para el acceso a la RGI en el caso de las unidades familiares con hijos e hijas menores de edad a cargo.

(Habrá ampliación)