Así lo indica el grupo municipal en un comunicado en el que expresa su "preocupación" por la decisión de la Fiscalía de solicitar a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla que archive esta causa abierta en 2013 tras la denuncia presentada por el grupo municipal de IU al entender que "no resulta acreditado suficientemente la comisión de los delitos investigados".

Desde Sí Se Puede Tomares expresan "preocupación" por este posible archivo por la consecuencia de que "estas posibles irregularidades no se esclarezcan".

Sí Se Puede Tomares "no entiende que, estando en el informe de la fiscal acreditado de forma certera la elaboración de, al menos, un informe con posteridad a ser cobrado, y con la finalidad de engañar a la oposición, se pida el sobreseimiento del caso".

Con ese archivo, "tales irregularidades quedarían impunes y la ciudadanía de Tomares perjudicada e indefensa ante una gestión que el informe de la fiscal califica como 'falta de control y desidia a la hora de abonar facturas'", subrayan desde Sí Se Puede Tomares.

Este grupo municipal de la oposición recuerda además al concluir que, "en la actualidad, algunos de los concejales imputados en este caso siguen formando parte del grupo de gobierno del Partido Popular en el actual Ayuntamiento de Tomares".

Cabe recordar que, en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal entiende que, "si bien estos hechos deberían suponer depurar responsabilidades políticas por quien en el momento de los hechos ya era concejal de Urbanismo", en alusión a Campos, los mismos "no son constitutivos de delito".

En esta causa están imputadas seis personas, entre ellas el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, y los ex ediles de Medio Ambiente, Cultura y Urbanismo, Juan Campos, Mercedes Fuentes y Pilar Domínguez, respectivamente, así como los representantes de la empresa Guerra 21 y el interventor del Ayuntamiento, Alfonso Barrios.

En el mes de abril de 2015, además, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la causa contra el senador y alcalde de la localidad, José Luis Sanz, al no apreciar indicios relevantes de la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.