El médico acusado de acceder sin permiso ni motivos al historial clínico de un paciente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que había mantenido una relación con su esposa, ha admitido este extremo en el juicio celebrado contra él, en el que ha indicado que lo hizo pensando que actuaba dentro de la legalidad y por motivos de salud, con el ánimo -ha dicho- de proteger la suya y la de su mujer. Y es que según ha explicado pretendía "verificar" la existencia de enfermedades de transmisión sexual por parte del amante ante posibles contagios hacia la pareja.

Así lo ha señalado este martes en su declaración ante la Audiencia de Cantabria, donde solo ha respondido a las preguntas de su abogado y el fiscal —que pide dos años y medio de cárcel, uno de inhabilitación y multa de 6.000 euros—. Al término de la sesión, celebrada en la Sección Tercera, en el ejercicio del derecho a la última palabra ha asegurado que "jamás" ha pretendido hacer "daño a nadie", aunque ha admitido que se ha "podido equivocar".

"Si me he equivocado, lo siento", ha concluido el acusado, que a lo largo del interrogatorio ha evidenciado los "bastantes problemas" que ha tenido con el denunciante, que también ha declarado y que igualmente ha puesto de manifiesto la "mala relación" entre ambos.

El procesado, que es personal estatutario del SCS con plaza propia, ejerce como médico de Atención Primaria en un centro del área de Campoo-Los Valles. Ha reconocido que entró con su número de usuario y clave particular a la base de datos del sistema sanitario cántabro para consultar el historial clínico de este hombre, que no era paciente suyo pero que había mantenido una relación "corta" con su mujer durante "dos meses" (un "año y medio" según el implicado).

Tras alegar que la administración no les facilitó en su día información sobre el acceso a este tipo de datos ni especificaciones legales relacionadas con la protección de los mismos, el imputado ha justificado los accesos que hizo en "tres" fechas distintas —aunque solo consultó datos en dos— y sin autorización para "verificar" la situación clínica particular de quien había sido amante de su mujer. Así, su "interés" era saber si había tenido episodios o enfermedades de transmisión sexual, ante posibles contagios al matrimonio.

Y lo hizo, según ha incidido, pensando que tenía derecho a ello y que actuaba dentro de la ley, pues trataba de "proteger" de su mujer y la suya propia. Así, en ningún momento fue consciente de que estaba cometiendo un delito. "Para nada", ha apostillado, antes de manifestar que cree que las advertencias legales de la página inicial del sistema informático son para personas "ajenas" al SCS.

A preguntas de su abogado, el médico ha detallado que para acceder a un historial clínico del SCS hay que pasar varias pantallas -cerca de siete- de la intranet del SCS, extremo que ha corroborado el jefe del Servicio de Informática del Hospital Valdecilla: cuatro o cinco "en el menor de los casos", ha precisado. Este testigo ha corroborado que el acusado consultó al menos una analítica del afectado.

De los "problemas" con el amante de su esposa a raíz de esta relación sentimental, ha aludido a un "chantaje" por parte de éste al que él no accedió, de dinero a cambio de "silencio" después de que la mujer le hubiera rayado el coche, así como a denuncias, llamadas de teléfono, pintadas en el exterior de su domicilio o anónimos dirigidos a los hijos del matrimonio, de 8 y 12 años, y a los que alertaban de que su madre era "una puta" y su padre "un cornudo".

Esta "mala relación" ha sido corroborada por el denunciante, quien ha citado asimismo el rayón del vehículo, y ha citado además episodios de llamadas telefónicas, anónimos, acoso y amenazas de ambos y de una amiga de ella. En este sentido, el afectado ha asegurado que el médico le avisó de que era perito y que conocía a jueces, y también le dijo que le iban a "echar de España".

La Fiscalía, tras el interrogatorio al acusado y al afectado, mantiene que el facultativo incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que pide la citada pena de dos años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa y un año de suspensión de empleo público por su condición de funcionario del SCS.

Para finalizar, ha interesado la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas por los casi "cuatro años" transcurridos desde que se inició el proceso y de reparación del daño tras consignar 2.000 euros para este fin en el juzgado, una cifra "prudente" si se compara con los 3.500 euros fijados para el juez Luis Acayro.