Este plan debería contar con un registro completo de la tipología, volúmenes, composición y origen de los residuos de construcción y demolición, y que garantice que las plantas de reciclado reciben el material para el que están habilitadas, disuadiendo del vertido sin recuperación.

También sería "imprescindible" poner en marcha una campaña continua de información y formación dirigida a la población y coordinar la actuación de los ayuntamientos, Diputación y Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, la labor de vigilancia y sanción de las autoridades "ha de ser implacable para erradicar la práctica de deshacerse de los residuos en cualquier sitio", según señala el portavoz del PSOE, Francisco Conejo.

En la moción se insta al equipo de gobierno a que colabore con los ayuntamientos de la provincia a la actualización o preparación, según corresponda, de las ordenanzas en materia de gestión de Residuos de Construcción y Demolición, contando con el asesoramiento y coordinación de la Diputación Provincial.

También se pedirá que la institución prime explícitamente el reciclado de residuos de construcción y demolición frente al vertido controlado en el marco de sus competencias, estableciendo un protocolo de actuaciones propias.

La moción refleja que el sector de la construcción ha alcanzado en las últimas décadas unos índices de actividad muy elevados, llegando a ser una de las claves del crecimiento de la economía española. El auge de la construcción trajo consigo un destacable crecimiento del volumen de generación de residuos de construcción y demolición.

Entre los impactos ambientales que estos residuos provocan, destaca la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables.

MARCO NORMATIVO

El Real Decreto 105/2008 de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) ha sentado las bases para la adecuada gestión de los mismos, destacándose en el citado decreto el papel que históricamente han desempeñado las entidades locales en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos.

La entrada en vigor de este Real Decreto, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, emplaza a un esfuerzo de adaptación de las ordenanzas municipales a los objetivos del mismo, según se explica en la moción.

En definitiva, existe un marco normativo que sienta las bases para que los municipios puedan solicitar un aval o fianza a los promotores de las obras, "a fin de garantizar la correcta gestión de los residuos, y si esto no sucediera utilizar el dinero del aval para realizar la gestión adecuada de los residuos".

Al igual que la gestión de los residuos sólidos urbanos debe incorporar la separación previa de todo desecho reciclable, "los escombros no escapan a esta consideración: la gestión de los residuos de obras tiene que proceder a una separación cuidadosa, previa a su reciclaje posterior", ha apostillado.

Según los socialistas, "no es suficiente la gestión de los restos de construcción, eufemismo que encubre nada más que el vertido controlado, sino que por motivos económicos y ecológicos la demolición ha de ser selectiva, para garantizar un adecuado reciclaje".

A día de hoy, tal y como ha apuntado Conejo, prácticamente ningún municipio de la provincia "ha avanzado en este objetivo". "Las ordenanzas municipales no han sido adaptadas ni actualizadas, por lo que no se está llevando a cabo el procedimiento de establecimiento de fianzas, y en esencia no se está consiguiendo que los ayuntamientos impulsen el reciclado de los RCD, que en gran parte finalizan en el vertedero, al no asegurar su adecuada entrega a instalaciones de valorización", ha proseguido.

La única garantía, ha incidido, para que los espacios malagueños dejen de ser receptores de vertederos de escombros es supeditar la concesión de licencia de demolición al cumplimiento de la obligación de llevar los restos a la planta de tratamiento. De esta forma, el contratista o propietario de la obra "debería ser obligado a dirigir una demolición selectiva y enviar los residuos separados a la planta de tratamiento".

Asimismo, han apostado por ir implantando un sistema informatizado de control del transporte de los escombros, de tal forma que se pudieran controlar con precisión la cantidad, naturaleza, localización y destino de los volúmenes recogidos.

"La demolición selectiva y la recuperación de los escombros garantizan reducir la presión sobre los recursos naturales de los que se obtienen las materias primas y evitar la contaminación de estos recursos. Si por cada metro cuadrado construido se genera como término medio metro cúbico de escombros, comprobamos que no son solamente las tareas de derribo las que deben ser gestionadas con el criterio de la recuperación, sino la construcción y obra pública en general", ha finalizado.