Era el año 2015 cuando un grupo de vecinos y vecinas de Madrid dio forma a un nuevo colectivo social para "observar, documentar y denunciar" los controles policiales y las redadas masivas a los inmigrantes en los espacios públicos de la capital. Se dieron el nombre de Brigadas vecinales para la observación de los Derechos Humanos y bajaron a menudo a las calles, plazas y al suburbano para "vigilar al vigilante" e informar a los afectados de "sus derechos  y recursos" contra estos controles ilegales.

Los participantes de esta protesta social vestían chalecos naranjas para expresar su rechazo colectivamente contra lo que consideraban "no simples controles de identidad" sino "una estrategia de control social" de la población "trabajadora" inmigrante.

Pero las denuncias les terminaron por caer a ellos mismos. Por documentar las redadas y repartir pasquines con información de los derechos de los afectados, Delegación del Gobierno en Madrid impuso multas a 16 participantes, por valor total  de 3.500 euros. En concreto, "por incitar a las personas presentes a alterar la seguridad ciudadana" interpuso una denuncia por la vía penal contra el colectivo. Todas estas sanciones terminaron anuladas, lo mismo que el procedimiento penal, que concluyó en absolución.

Ahora, las Brigadas Vecinales han decidido "recurrir a instancias internacionales", en concreto a Naciones Unidas, para denunciar que el "Estado castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos y la protesta social como es el cuestionamiento público de la práctica discriminatoria de los controles de identidad por perfil racial". El colectivo también pide "el cese inmediato" de las identificaciones por perfil étnico, que se constituya un mecanismo civil independiente para supervisar a las instituciones públicas en su deber de proteger y respetar los derechos humanos y que se garantice la tutela judicial efectiva en el caso de vulneraciones.

A su juicio, España vulnera "los derechos de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación". Y esperan que el comité de derechos humanos de la ONU les haga más caso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no admitió a trámite una demanda de cariz similar alegando que "no afectaba a derechos fundamentales".

Las Brigadas Vecinales de observación de Derechos Humanos no es el único colectivo que ha denunciado las redadas racistas de las fuerzas de seguridad del Estado. Numerosas organizaciones e incluso organismos nacionales e internacionales han criticado públicamente estas prácticas, incluido el Defensor del Pueblo.

Un estudio realizado por la Universidad de Valencia, en colaboración con la de Oxford, en 2013 constató que la Policía Nacional identificaba "hasta 10 veces más a gitanos, magrebíes y afrolatinos que a los españoles". La presión de las ONG y los distintos colectivos sociales han conseguido recientemente que la Policía Nacional se comprometa a implantar un cuestionario en el que los agentes deberán exponer el motivo por el cual se procede a la identificación de cualquier persona, informaba recientemente otra de las ONG más vigilantes contra el racismo policial, RIS (Rights International Spain).