En este sentido, el PP ha presentado ante la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones del Ayuntamiento, un ruego para que el concejal delegado del distrito Cerro-Amate, el socialista Juan Manuel Flores, apoye el mantenimiento del concierto educativo con el colegio Altair, "en favor de la libertad de elección de los padres y madres de nuestro distrito, la amplitud de oferta educativa en nuestros barrios y la continuidad de los puestos de trabajo de este colegio".

Así, el portavoz adjunto ha recordado que el "colegio Altair cuenta con 1.200 alumnos, la inmensa mayoría de los barrios de su entorno, como El Trébol - Las Calesas, Juan XXIII, Su Eminencia, Santa Aurelia, Rochelambert, La Negrilla o Palmete". "Desde hace 50 años, las familias de estos barrios vienen eligiendo para sus hijos este colegio, por el que han pasado más de 10.000 alumnos porque desarrolla una labor social y educativa reconocida por muchas instituciones".

Pérez, en ese sentido, ha criticado que la decisión de la Junta de Andalucía llegase "días después de asegurar en la reunión de la Comisión Provincial, celebrada el 8 de febrero, que se iban a mantener estos conciertos, al menos por un año, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo que está prevista se conozca el 18 de abril". La medida afectará a todas las unidades previstas para nuevos ingresos a partir del curso 2017-2018, hasta que, conforme los alumnos vayan terminando sus estudios, se elimine el concierto educativo de forma íntegra, ha recordado el concejal popular.

"Ello supondrá que las miles de familias de nuestro distrito que actualmente están llevando a sus hijos a este centro, en el que cada año la demanda de plazas supera a la oferta, la ratio por clase es la más alta del distrito y tiene un índice de fracaso escolar más de dos veces inferior al del promedio de Andalucía, no puedan hacerlo, puesto que el nivel económico de estas familias, en su gran mayoría, no les permitirá seguir haciéndolo (en ese centro concreto) si deja de ser un colegio concertado, como desde hace décadas", ha manifestado el portavoz adjunto.

Del mismo modo, Pérez ha indicado que "además del daño que se ocasionaría a la libertad de elección de los padres y madres de los barrios del entorno y el trastorno evidente al no poder llevar a sus hijos al colegio más próximo, se están poniendo en peligro muchos puestos de trabajo de docentes, personal administrativo y de todo tipo que llevan años trabajando en Altair".

"La vigente Ley de Educación les ampara, porque establece que no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos y, en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto", defiende el edil.

Pérez, al respecto, ha recordado que "en este sentido, ya se han pronunciado varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo estableció que este tipo de educación es legítima y no discriminatoria".