Primera condena en España por corrupción en las transacciones internacionales

  • Un año de prisión para dos hombres al 'donar' 70.000 euros a Guinea Ecuatorial para la concesión de contratos.
  • Este delito sanciona a aquellas personas que mediante cualquier beneficio indebido traten de corromper a funcionarios públicos extranjeros.
  • Con ello, consiguen que actúen o se abstengan en la concesión de un contrato internacional.
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova
EUROPA PRESS
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova

La Audiencia Nacional ha condenado a dos hombres a una pena de un año de prisión por un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, la primera sentencia que condena por este delito en España, al 'donar' 70.000 euros a Guinea Ecuatorial para la concesión de contratos.

En la sentencia, que fue alcanzada de conformidad entre las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a Antonio Leal Parra y a Basiliso Martínez Abril, mientras que absuelve a Maria del Carmen Damas Castro y a la mercantil Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial.

Dicha empresa, dedicada a la edición, publicación y distribución de libros, fue constituida en 2006, con María del Carmen como administradora única, si bien la dirección y administración fue ejercida materialmente por Antonio Leal, mientras que Basiliso se ocupó de la parte técnica y comercial.

Este delito sanciona a aquellas personas que mediante cualquier beneficio indebido traten de corromper a funcionaros públicos extranjeros para que actúen o se abstengan en la concesión de un contrato internacional.

Hechos probados

La resolución, que es firme al haber manifestado todas las partes el día del juicio su intención de no recurrir, considera probado que la empresa firmó una serie de contratos con el Ministerio de Educación, Ciencias y Deporte de Guinea Ecuatorial, que fueron gestados por los dos condenados.

Fueron cinco contratos para la edición de 200.000 libros escolares cada uno, firmados por la administradora y el ministro de Educación de la antigua colonia española. La suma total de los mismos ascendió a 6.726.600 euros.

Posteriormente, los acusados realizaron en 2009 una transferencia de 70.000 euros destinada a altos cargos del Gobierno ecuatoguineano para facilitar que la empresa mantuviese la relación comercial y firmara nuevos contratos.

La transacción se hizo así: con el fin de crear una apariencia legal, la administradora y el viceministro de Educación firmaron un documento denominado "contrato de financiación para la capacitación curricular del profesorado de inglés y francés de Guinea Ecuatorial".

La empresa donó 70.000 euros, que fueron transferidos a un banco guineano cuyo titular era el ministro de Educación, pero en la orden de transferencia se cambió la cuenta y se ingresó en otra a nombre del viceministro de Educación.

Basiliso se ocupó de concretar los términos y cuantías de las retribuciones destinadas a cargos públicos de Guinea Ecuatorial, mientras que Antonio Leal ordenó materialmente la transferencia.

Tras ello, la empresa incrementó sustancialmente su volumen de negocio con este país africano. Se firmaron cuatro nuevos contratos entre 2010 y 2013 por un importe de 16.653.000 euros, uno con la firma de la administradora y los otros tres de Antonio Leal.

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