La CIG espera que se "depuren responsabilidades" y "caigan las cabezas pensantes" en el caso del concurso de ambulancias del 061 investigado. Además, el sindicato nacionalista ya ha avanzado que, en el momento en que haya auto de imputación formal -si así sucede-, se personarán como acusación popular en el proceso judicial.

En rueda de prensa este viernes, el secretario comarcal de CIG para el Transporte, Ernesto López Rey, ha recordado que antes de que se conociese la investigación judicial, y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el sindicato ya había advertido sobre las sospechas de "irregularidades" en la adjudicación del concurso.

Ahora, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago investiga si pudo haber prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente iniciado en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.

Ante la apertura de esta investigación, la CIG espera que "caigan las cabezas pensantes" y se "depuren responsabilidades". "Esperamos que se levante la tapa de la alcantarilla y se destape todo", ha abundado López Rey.

DEVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN

Además, el sindicato nacionalista ya ha avanzado que, de haber imputación formal, se personarán como acusación popular en el proceso judicial. Y si finalmente los hechos resultan ser constitutivos de delito, la CIG solicitará que la empresa devuelva la concesión de este servicio.

El juzgado compostelano, del que es titular Margarita Guillén, abrió la causa, de la que ya se ha levantado el secreto de sumario, a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso.

Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia en un escrito firmado por Álvaro García Ortiz.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

Además, todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia han pedido explicaciones a la Consellería de Sanidade por esta investigación.

Por su parte, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha defendido que el procedimiento de contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre convocado en 2014 se realizó "de conformidad" al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre el trabajador investigado, la Fundación incidió, cuando trascendió la investigación, en que, por el momento, no se ha acordado por parte de la autoridad judicial "resolución alguna, ni cautelar ni definitiva, que motive la separación del servicio del trabajador" de su puesto.