El Gobierno ha remitido este martes al Congreso un escrito en el que se opone a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley firmada por el PDeCAT para fomentar el uso del coche eléctrico y argumenta que el actual gasto público directo al sector del automóvil eléctrico asciende a unos 17 millones de euros.

"La aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación", argumenta el Ejecutivo.

La proposición de Ley del PDeCAT pide una ayuda directa a la compra de vehículos eléctricos del 25 % del coste del vehículo por importe máximo de 7.000 euros por automóvil, así como ayudas específicas para la instalación de puntos de recarga que oscilarían entre 1.000 y 500 euros.

Para estas ayudas se fija una dotación mínima de 20 millones de euros anuales, además de que la proposición de Ley propone un nuevo modelo en la gestión de los sistema de carga que existen en las ciudades para estos vehículos y exenciones y bonificaciones en determinados impuestos.

El Gobierno señala que en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para el ejercicio 2017 existen dotaciones destinadas a subvencionar la compra de este tipo de vehículos y la instalación de puntos de recarga por importe de 16,6 millones de euros, por lo que aceptar esta propuesta significaría incrementar el gasto actual en, al menos, 3,5 millones de euros anuales.

El portavoz de Empleo del PDeCAT Carles Campuzano ha criticado que el Gobierno vete nuevamente una iniciativa legislativa que supone extender el uso del coche eléctrico y ha lamentado que se impulse que el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Telsa abra alguna tienda en Barcelona y al mismo tiempo se produzca este veto.

"Con esta lógica de aumento del presupuesto no habrá ninguna iniciativa de la oposición que pueda tramitarse", ha afirmado.