En una rueda de prensa, el representante del Ejecutivo central en la provincia ha asegurado que "hay cauces de comunicación" para solventar la situación, después de que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció hace un par de semanas que las obras no podrán comenzar hasta resolver un problema descubierto ahora, que el Ministerio del Interior no tiene la propiedad de todo el suelo.

En este sentido, Primo Jurado ha aseverado que "el Ministerio del Interior a través del secretario de Estado de Seguridad, ha jugado limpio, porque primero informó a la alcaldesa y luego a la Policía", sobre tal situación.

En concreto, Nieto explicó que más de la mitad del suelo donde se asienta la actual comisaría no son titularidad del Estado, "sino de la Mutua de la Policía Nacional, porque en su día la cesión que se realizó de ese suelo por el Ayuntamiento", a mediados del pasado siglo, "se hizo para la construcción de viviendas para los policías y se registró a nombre de su mutua", aunque en lugar de hacerse viviendas se construyó la comisaría, la misma que ahora se quiere derribar para levantar una nueva.

La cuestión es que la citada mutua policial sigue siendo la propietaria legal de 1.983 metros cuadrados de ese suelo, mientras que Interior posee 1.630 metros cuadrados, siendo solo en esta parcela donde ahora estudia Interior levantar la nueva comisaría, al entender que eso puede ser más rápido que abrir una negociación o entablar un pleito con la Mutua de la Policía Nacional, para lograr así su parcela.

Sin embargo, según reconoció Nieto, esta nueva opción, que conllevaría dotar de mayor altura el edificio previsto para la comisaría, podría requerir "una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", cuestión que compete al Ayuntamiento de Córdoba y de la que ya ha tratado el secretario de Estado de Seguridad con la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio.