Pérez se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar a la presidenta de las Cortes autonómicas, Violeta Barba, el Pacto Social por la Educación elaborado y ratificado por el Consejo Escolar de Aragón, un documento que incluye 249 medidas de equidad, calidad y corresponsabilidad y que plantea un mínimo de inversión en este ámbito del cinco por ciento del Producto Interior Bruto.

Ese documento "ambicioso y audaz", ha afirmado Pérez, "sirve de base" para la labor del Parlamento con el objetivo de alcanzar un pacto político, "que esperemos que sea fructífero, intenso y beneficioso" por "el bien común que es la educación de nuestras próximas generaciones".

La consejera ha resaltado del pacto cuestiones como "el papel de la escuela rural en la Comunidad, la importancia y reconocimiento del profesorado y de su formación, y mantener la educación como garante de igualdad de oportunidades".

Mayte Pérez ha señalado que la estabilidad del sistema educativo "tiene que estar por encima de cualquier interés" y ha deseado que se pueda alcanzar un acuerdo en las Cortes que lo "blinde" respecto al "legítimo cambio político que tiene que haber en las legislaturas".

En este sentido, ha resaltado que confía, espera y pide a los grupos parlamentarios que sean "generosos en las expectativas" y por su parte ha sostenido que "no puedo ser pesimista", sino "trabajar con la convicción de que es posible" porque "el objetivo lo merece" y para eso "olvidar los disensos" y de las cuestiones que "son elemento de polémica".

SALVAR LAS DIFERENCIAS

La consejera ha apelado a la necesidad de poner en común "todo lo que nos ha unido, que es mucho más que lo que nos separa" y ante la falta de apoyo por parte de tres sindicatos del pacto social alcanzado en el Consejo Escolar de Aragón, la consejera ha considerado que hay que centrarse "en lo que ha concitado el apoyo mayoritario e intentar salvar las diferencias, que las hay y han existido en el proceso de maduración de este documento y que se han intentado solventar".

Pérez ha continuado que ahora "iniciamos un nuevo proceso" en el que "tenemos que convencer a aquellos que no comparten al cien por cien" del diseño del sistema, para recordar el "esfuerzo" de todas las organizaciones del Consejo Escolar "que han puesto por encima de los intereses partidistas o individuales de cada organización el bien común", un "ejemplo a seguir" por parte de las fuerzas políticas del Parlamento", que son "la representación del pueblo aragonés".

PROCESO

La consejera ha explicado que a su llegada al Departamento tenía la "convicción" de que conseguir la "estabilidad" del sistema educativo era la "prioridad" para dar "seguridad" a docentes, familias y alumnado y en vez de elaborar desde el Gobierno un documento que sirviera de base para el pacto político, se renunció a esta posibilidad y se encargó su elaboración al Consejo Escolar de Aragón.

En este órgano está representada la comunidad educativa, así como profesionales de reconocido prestigio, un órgano que primero realizó un diagnóstico del sistema y después debatió un documento, apoyado finalmente por la mayoría de las organizaciones que lo integran. Ese texto se ha entregado este lunes, 19 de diciembre, en las Cortes.

La consejera ha aclarado que algunas de las cuestiones del mismo ya "están en marcha" y ha subrayado el "compromiso claro" de su Gobierno "con la educación pública", con un aumento de sus presupuestos de casi el 10 por ciento en 2016, que "ha permitido recuperar cuestiones que la pasada legislatura se fueron perdiendo, la dignidad y prestigio de la educación, el reconocimiento de los docentes y la equidad del sistema".

Respecto a asuntos que todavía no se ha implementado, como los deberes escolares, Pérez ha estimado que "la polarización impide la búsqueda de acuerdos" y por eso ha defendido encontrar el "término medio", para opinar que el debate no tiene que centrarse en "cuántos", sino "para qué y cómo".

En este punto, ha recordado que dentro del Foro de la Innovación en educación creado en la Comunidad, formado por más de 20 profesionales para producir el cambio metodológico, hay una mesa que está abordado esta cuestión.

PROCESO

El documento del pacto social por la educación, tras ser registrado, deberá ser calificado por la Mesa de las Cortes. Después, se enviará a los grupos parlamentarios, que lo debatirán en una comisión especial de estudio que analizará este y otros documentos e informes, ya constituida, y que recibirá a diferentes especialistas. Esta comisión tendrá 16 meses para concluir sus trabajos.

La presidenta de la Cámara autonómica, Violeta Barba, ha detallado que una vez recibido el pacto de manos de la consejera, "lo entregaremos a la comisión especial, compuesta por los grupos", que van ser los que aborden su contenido y ha deseado que todo su trabajo "sirva para tener un debate fructífero y poder alcanzar, en caso de que los grupos lo estimen oportuno, un pacto que sea estable y duradero".