La pelea política que se libra en el Tribunal Constitucional sigue avanzando. La disputa entre magistrados conservadores y progresistas cerró ayer un capítulo más después de que el alto tribunal decidiera aceptar las abstenciones de María Emilia Casas, presidenta de la institución, y su vicepresidente, Guillermo Jiménez.

Los dos magistrados decidieron no votar el recurso presentado por el Partido Popular con respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal, reforma en la cual se incluía la prolongación del mandato de Casas y Jiménez hasta el próximo mes de enero en contra de la voluntad del partido de la oposición. Los dos bloques han empatado en la votación, por lo que la decisión se ha tenido que tomar gracias al voto de calidad del magistrado más mayor entre los presentes, una vez excluido el voto de la presidenta Casas.

Las consecuencias

Con esta decisión se abre la puerta a que se declare inconstitucional la prorrogación de su mandato, lo que trastocaría los planes del Gobierno de cara al final de la legislatura y dejaría en manos de la mayoría conservadora del TC la aprobación o suspensión de varios proyectos.

Quizá ese fuera el origen de la fuerte discusión que la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo con la presidenta del Constitucional durante el desfile militar del 12 de octubre.

Si finalmente los conservadores se hicieran  con la presidencia del TC, podrían inclinar a su favor las deliberaciones que el alto tribunal debe mantener en los próximos meses, en los que habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes más significativas del Gobierno socialista: la de igualdad, la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.

El Gobierno contraataca

El Gobierno facultó el pasado viernes a los Servicios Jurídicos del Estado para que estudie la recusación de los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata por considerar que están «contaminados» tras haber dirigido un escrito en el que mostraban su rechazo a la reforma de la LOTC y cuestionaban la legitimidad de Casas. Ésta sería la forma de que los progresistas recuperaran la mayoría en el pleno, aunque a costa de dejarlo reducido a sólo ocho magistrados.