La Audiencia Nacional ha dispuesto un despliegue sin precedentes para tramitar los procesos de extradición de los ciudadanos chinos que pasarán por sus juzgados tras la macrooperación policial contra estafadores de esa nacionalidad que, de momento, registra 238 arrestados.

Según han informado fuentes de la Audiencia, 30 de los detenidos pasarán a disposición de un juzgado de Alicante, pero otros 210 han pasado o van a pasar por la Audiencia Nacional al pesar sobre ellos órdenes de detención y extradición dictadas desde China.

Una situación "sin precedentes" a cargo del juez de Instrucción número 5, José de la Mata, quien no obstante tendrá apoyo por parte de sus compañeros. El presidente de la institución, José Ramón Navarro, ha dictado un auto en el que habilita a los magistrados Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal como jueces de apoyo para tramitar las extradiciones.

Los refuerzos también han llegado a la Fiscalía, que ha dispuesto a cuatro fiscales para este caso; y a la Abogacía, pues el Colegio de Abogados ha enviado "decenas" de letrados para atender a los detenidos.

También se han movilizado seis intérpretes chinos para un trabajo que se espera esté acabado esta noche y que pasa por preguntar a los arrestados si aceptan o no ser extraditados.

Serán 24 horas de trabajo, según las fuentes consultadas, que avanzan que en el Juzgado de Instrucción Central número 5 algunos funcionarios han estado trabajando toda la pasada noche.

Son algunas de las consecuencias de la operación Wall (muro en inglés), la más importante desarrollada entre la Policía española y la china, y con la que se ha desmantelado una organización que, desde una veintena de chalés aislados y de lujo en las provincias de Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid, cometían una simple pero suculenta estafa telefónica a sus compatriotas.

La red criminal de estafadores chinos llegó a embolsarse 16 millones de euros a través de timos telefónicos a compatriotas humildes que residían en China, a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país.

Ha sido el comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós, quien junto con otros mandos, el director de la Policía china y efectivos de este país, ha explicado este miércoles que la red robó a miles de familias y ciudadanos chinos humildes sus escasos ahorros, hasta el punto de que la estafa condujo al suicidio de un joven tras haber abonado a la trama el dinero con el que poder pagar sus estudios.

Como él, miles de ciudadanos chinos cayeron el otro lado del teléfono en el planificado engaño de esta red, cuyos líderes están en el país asiático, pero controlaban el funcionamiento de la trama con lugartenientes en cada una de las viviendas que servían para la comisión de estos delitos.

En cada uno de las veinte chalés investigados vivían y cometían la estafa entre 20 y 30 ciudadanos chinos (se trasladaban temporalmente a España exclusivamente para cometer el delito), ajenos al exterior hasta el punto de que bajaban las persianas para pasar desapercibidos.

Y como si se tratara de un operador, cada uno contaba con una mesa, de un teléfono y de un listado de números de ciudadanos chinos previamente seleccionados como potenciales víctimas.

A partir de ahí, los estafadores seguían un guión, ha señalado el comisario principal responsable de la Unidad de Delitos Telemáticos, Eugenio Pereiro, "basado en la ingeniería social" y, por supuesto, aprovechándose de la idiosincrasia china.

De esta forma, en una primera llamada advertían a la posible víctima de que iba a ser objeto de una investigación para, en llamadas posteriores "meter el miedo en el cuerpo" de esos ciudadanos diciéndoles que estaban inmersos en unas pesquisas policiales, con el objetivo final de "en una cuarta o quinta llamada" convencerles de que trasfieran dinero a una cuenta oficial.