"El empresario y el inversor necesitan contar con un clima propicio, desde el punto de vista normativo y fiscal, que faciliten la actividad económica y no se está dando en Sevilla con el camino emprendido por esta corporación municipal que no llega a considerar que, la mejor política social, es la que propicia la creación de empleo y con estas ordenanzas difícilmente se va a conseguir", indica la CES en un comunicado.

Así, señala que no solo los empresarios, sino los ciudadanos en general "tendrán que seguir pagando más impuestos", ya que asegura que no se puede obviar que, la revisión y consecuente subida de los valores catastrales aprobados el año pasado, "afecta directamente a varios impuestos", concretamente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y el de Plusvalías, "ya que en estos la cuantía se calcula en función del valor catastral y no del de mercado".

En este sentido, y como señala que viene ya ocurriendo en 2016, los sevillanos "deberán hacer frente a más impuestos, tanto en el caso de que quieran vender un bien inmueble como en el supuesto de que lo hereden IBI".

Para la CES, "en 2016 el sevillano podría haberse beneficiado de la finalización del recargo estatal sobre el IBI, pero la solicitud del

Ayuntamiento de revisión de los valores catastrales al alza y la bajada del tipo general del IBI, hizo que se cambiara un recargo temporal y limitado en el tiempo, por una revisión al alza definitiva". "Este incremento fiscal lo vienen sufriendo los empresarios en general y muy concretamente los sectores de hostelería y comercio", insiste.

Los empresarios consideran que se hace preciso no sólo solicitar la revisión de los valores catastrales, sino la de los usos de inmuebles no residenciales ya que "se pueden encontrar inmuebles catalogados con un uso que realmente no tienen".

En este sentido, vuelven a manifestar su total oposición al incremento de los tipos diferenciados, por entender que la subida afectará negativamente a las empresas en un "momento crucial de recuperación económica, donde es fundamental ayudar a las empresas a crecer y a ser más competitivas".

"Como ya quedó patente el año pasado, y en 2017 se volverán a sufrir sus consecuencias, al reducir desde 200.000 euros a 135.000 euros el valor catastral que se toma como referencia para la aplicación del tipo diferenciado en el comercio, el incremento de este impuesto en este sector será entorno a un 44,8 por ciento con respecto a la cuota del año pasado", incide.

En contraposición, señala que los comercios de mayor valor catastral sufren un incremento del 6,64 por ciento, por lo que entiende que se debería hablar de "regresividad fiscal, paga más quien menos tiene".

Añade que, con relación a los edificios de "sanidad y beneficiencia, no es que no se les aplique la posible bonificación recogida en la Ley de Haciendas Locales del 90 por ciento, sino que además de aplicarles el tipo general al 90 por ciento se les agrava el tipo al diez por ciento de ellos".

Con respecto a las tasas, afirma que son "realmente preocupantes" las dos relacionadas con la Hostelería, como la de basuras y la de veladores. "La CES se une a las protestas del sector y muestra su total disconformidad por entender que la hostelería en nuestra ciudad está sufriendo una auténtica persecución", insiste.

TASA DE BASURAS

Respecto a la tasa de basuras, señala que desde el pasado año las cuantías de las tarifas aplicadas a la superficie construida se "multiplican por 1,6" y en ella se incluyen la superficie correspondiente a terrazas, "lo que hará que los establecimientos pasen de un tramo a otro superior con incrementos que podrían llegar a más de un 30 por ciento".

A la vista de ello, se propone la retirada de la aplicación del coeficiente, así como la inclusión de la superficie de terrazas y veladores, por el que ya se pagan una tasa específica, "evitando la doble imposición".

Por último, la CES reclama al Ayuntamiento una "mejor gestión" del gasto y de la recaudación, "así como el cobro de deudas de otras administraciones y la persecución, junto a la Agencia Tributaria, de la economía sumergida".