Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los condenados se dedicaban "de mutuo acuerdo" desde principios del año 2014 al tráfico de sustancias estupefacientes. Algunos eran los encargados de vender y almacenar la droga; mientras que otros hacían las labores de vigilancia y de acompañamiento a los compradores.

Así, un matrimonio y una mujer eran los que se dedicaban a vender las sustancias desde sus respectivas viviendas, todas ubicadas en la misma calle; mientras que otra pareja almacenaban las sustancias, al disponer de mejores medidas de seguridad en su casa, que estaba en el mismo bloque, "y las facilitaban a los distribuidores cuando la iban necesitando".

Asimismo, otros dos hombres eran los que dirigían a los compradores hasta el lugar y controlaban la zona por si había presencia policial. En la sentencia se describen varias transacciones de compraventa de droga, que fueron detectadas por los agentes de la Policía Nacional en los dispositivos de vigilancia desplegados en dicha calle, en concreto sobre los domicilios de los acusados.

Tras las pesquisas, en abril de 2014, la Policía Nacional registró uno de los domicilios, donde se incautaron de una bandeja con restos de cocaína, una pistola de aire comprimido, un monedero con 1.700 euros, una libreta con lo que parecía ser cantidades fiadas a compradores, tres navajas con restos de cocaína, dos cogollos de marihuana, y múltiples recortes de plástico.

En el momento de la detención de otra de las acusadas, se intervinieron 198 euros y en la vivienda de ésta y su marido, los agentes intervinieron una balanza de precisión, una escopeta con cartuchos y un bate de béisbol, así como más dinero.

Por estos hechos, se les condena a todos -con su conformidad- por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, imponiendo a los dos matrimonios y a la mujer dos años de prisión a cada uno y 215 euros de multa. A los dos hombres se les condena como cómplices a una pena de 14 meses de cárcel y la misma cantidad de multa.

El Tribunal les concede la suspensión de las penas de prisión durante un periodo de dos años, con la condición de que no vuelvan a delinquir durante ese plazo, ya que en ese caso se revocará la suspensión acordada.