"O forman parte de la solución las propias compañías o la deuda de las familias estará en su tejado". Son palabras de la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, que este lunes se ha mostrado así de contundente al anunciar que en las próximas semanas el Ayuntamiento dejará de hacerse cargo de las facturas energéticas impagadas de los ciudadanos que no les pueden hacer frente si las empresas suministradoras no se corresponsabilizan también de su pago y de lo que cuesta la pobreza energética a la ciudad.

Ante la reticencia de las compañías a la hora de firmar convenios con el consistorio para hacerse corresponsables de pagar, Ortiz ha recordado que la legislación catalana establece que están obligadas a ello.

Por este motivo, les ha reclamado que se hagan cargo del 50% del coste anual de la pobreza energética en Barcelona, que es de tres millones de euros si se tienen en cuenta las facturas impagadas –en 2015 el gobierno municipal otorgó unas 3.000 ayudas a familias– y los servicios que presta el Ayuntamiento para asesorar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El consistorio espera que el hecho de dejar de pagar la deuda sirva como medida de presión para que las suministradoras se avengan a firmar convenios. Este martes está prevista una primera ronda de contactos.

Ortiz ha asegurado que aunque el Ayuntamiento deje de conceder ayudas a personas vulnerables, no aumentarán los cortes de luz, agua o gas, pues la ley los impide y los sanciona si no existe una garantía de que los ingresos de una familia son superiores a 1,5 veces el Indicador de la Renta de Suficiencia de Cataluña, que es de 7.967,73 euros anuales.

Sin embargo, los datos municipales muestran que a pesar de las multas, de entre 10.000 y 100.000 euros, las compañías siguen incumpliendo las normas a la hora de cortar los suministros. El Ayuntamiento está revisando actualmente 2.000 expedientes sospechosos de incumplimiento y ha emitido 32 expedientes sancionadores.

La teniente de alcalde también ha presentado otras medidas municipales para luchar contra la pobreza energética. Entre ellas destaca la de extender los puntos de asesoramiento energético a los 10 distritos de la ciudad, tras la prueba piloto que se hizo en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc el pasado otoño y el pasado invierno, durante cinco meses.

Para ello, el Ayuntamiento invertirá 4,5 millones de euros en los próximos dos años y contratará a 100 personas procedentes de planes de ocupación para parados de larga duración.

El 60% de los 3.100 hogares en los que intervino el Ayuntamiento gracias a los puntos de asesoramiento energético sufrían pobreza energética.

El 13% habían sufrido el corte de algún suministro básico y debían una media de 348 euros a las compañías suministradoras.

El 17,3% eran beneficiarios del bono social, a pesar de que del total de los hogares en los que se actuó, el 65% cumplían con los requisitos para serlo.