La CUP ha presentado este lunes una querella criminal contra Gas Natural por un delito de homicidio imprudente por omisión en el caso de la mujer muerta en Reus.

La querella se ha presentado al juzgado de instrucción número 3 de Reus contra la persona o personas responsables que dieron las instrucciones para proceder al corte de suministro de electricidad del inmueble y contra la propia entidad mercantil.

La mujer, de 81 años, murió a consecuencia del incendio provocado por una vela dos meses después de que la compañía eléctrica le hubiera cortado la luz.

El diputado de la CUP Joan Chaparral cree que la compañía da "excusas de mal pagador" cuando argumenta que no tenía que cumplir la ley porque no se ha desarrollado un reglamento de la norma y pide que la Generalitat que actúe con "contundencia y rapidez".

Según la querella presentada por la CUP, un responsable de Gas Natural pendiente de identificar ordenó la interrupción del suministro sin avisar previamente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus para que pudieran tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación vigente. Y recuerda que el artículo 11 del Código Penal establece que se considera un delito por omisión cuando se infringe un "especial deber de jurídico", es decir, cuando hay una específica obligación legal de actuar.

Y la ley que, según la querella, se ha incumplido es la 24/2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética, teniendo en cuenta de que el Tribunal Constitucional (TC) no ha suspendido la parte que hace referencia a la pobreza energética.

El artículo 6.4 de esta ley establece que "cuando una empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro tiene que solicitar previamente un informe de servicios sociales municipales para determinar si la persona o unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial".

Teniendo en cuenta que Gas Natural ha reconocido que no comunicó a los servicios sociales que iba a cortar el suministro eléctrico, la querella defiende que "se ha incumplido un deber legal con resultado de muerte y un aumento del riesgo imputable en términos de causalidad".

Según el texto presentado a los juzgados, los responsables de Gas Natural en Reus "tenían capacidad para actuar de otro modo en su posición de garantes y eran conocedores de las obligaciones legales" de comunicar el corte de luz al Ayuntamiento de Reus porque este pudiera llevar a cabo las "cautelas pertinentes".

La CUP pide ser acusación popular en caso de que se tramite la querella y dirige la acusación a "la persona o personas responsables que, en la estructura empresarial de Gas Natural, dio las instrucciones para proceder al corte de suministro de electricidad y contra la propia entidad mercantil Gas Natural SDG SANO, desde una perspectiva de la responsabilidad civil".

En declaraciones a la ACN, el diputado de la CUP Joan Chaparral ha considerado que las explicaciones de Gas Natural son "excusas de mal pagador" porque "el no desarrollo de un reglamento no excluye la obligatoriedad de comunicación antes del corte de la luz" para que los servicios sociales determinen si se trata de una persona vulnerable.

En este sentido, ha denunciado que con la suspensión del TC de parte de la ley 24/2015 hay compañías que se "aprovechan" para continuar actuando como hacían antes de la ley. "Esta ley se tiene que cumplir" ha asegurado.