Las reglas están establecidas. Las últimas reformas y las propuestas de la Unión Europea han fijado una serie de baremos que indican cuándo y de qué manera se puede jubilar una persona. La situación de hoy será diferente a la de los próximos años. Además, habrá que tener en cuenta las conclusiones a las que se lleguen en el Pacto de Toledo, que actualmente debate opciones para dar viabilidad al sistema.

Uno de los cambios más importantes producidos con las últimas reformas es la ampliación del computo en la base de cotización, que es la cuantía bruta que recibe el trabajador incluyendo las pagas extras, y que influye en la pensión. Esta modificación se está haciendo de manera gradual y concluirá en 2022. Cuando llegue la fecha, el periodo mínimo a tener en cuenta serán 25 años frente a los 15 de 2013.

Además, a partir de 2027, para tener derecho al 100% de la prestación se deberá cotizar durante 38 años en lugar de los 35 exigidos con anterioridad. Asimismo, la edad requerida pasa de los 65 a los 67 años.

Pongamos un ejemplo facilitado por Mapfre: Pedro cumplirá 65 años el 1 de febrero de 2019 y acumula 35 años de cotización. Según las condiciones estipuladas para ese ejercicio (mirar tabla adjunta) podrá tomar la decisión cuando tenga 65 años y 8 meses; es decir, el 1 de octubre de 2019.

Hay otros dos factores que influirán en el importe de las prestaciones futuras. Una de ellas es la aplicación del factor de sostenibilidad en 2019. A partir de entonces se tendrá en cuenta la esperanza de vida para calcular el importe de las pensiones y se revisará cada cinco años. "Este criterio trata de armonizar las cuantías de las pensiones que disfrutarán las personas en condiciones similares pero en momentos diferentes, debido a que con el paso de los años las prestaciones se cobrarán cada vez durante más tiempo", explican en Mapfre.

Algunos países con problemas similares en el sistema público de prestaciones ya han incorporado dicho factor. Son Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Los Países Bajos y Portugal, según informa el Ministerio de la Seguridad Social.

Por otro lado, desde 2014 las pensiones no se revalorizan según el IPC, sino que dependen de la decisión que tome el Gobierno. Su importe está condicionado por el índice de revalorización de las pensiones y se establece en función del crecimiento de ingresos del sistema, del número de pensiones contributivas, del incremento de las pensiones medias o de la diferencia entre ingresos y gastos, entre otros factores a tener en cuenta.

Dicho índice tiene un mínimo del 0,25% y un máximo del 0,5%. Es decir, anualmente las pensiones no pueden crecer por encima del IPC + 0,50% ni por debajo del 0,25% de la cuantía del año precedente.

En este 2016, que está a punto de finalizar la subida, ha sido del 0,25%. El coste total de la revalorización ha superado los 281 millones de euros y el importe máximo mensual se estableció en 2.567,28 euros. La decisión que se tome para 2017 deberá hacerse por Real Decreto y aprobarse el próximo mes.

Los cambios introducidos en las últimas reformas también afectan a las jubilaciones anticipadas. Aquí se pueden dar dos situaciones: que se deje de trabajar por decisión voluntaria o forzada.

En el primer caso, los requisitos mínimos para cobrar la prestación del Estado son tener como máximo dos años menos de la edad de jubilación ordinaria requerida y un periodo mínimo de cotización de 35 años.

El importe de la pensión dependerá del periodo que se haya cotizado, ya que se aplicará un coeficiente de reducción por trimestre sobre la base reguladora, que variará entre el 2 y 1,625%. Si el cese laboral se produce por decisión ajena, como puede ser un despido o un concurso de una empresa, se precisa tener como máximo cuatro años menos de la edad de jubilación exigida, haber cotizado al menos 33 años y estar inscrito como demandante de empleo 6 meses antes de que se produzca el retiro anticipado. En este caso, el coeficiente reductor trimestral de la pensión oscila entre el 1,875 y 1,5%.

La mayoría de los bancos y aseguradoras han desarrollado en sus páginas de internet un espacio específico para tratar de informar al cliente sobre el importe que le correspondería por la pensión pública. Se trata de simuladores sencillos donde introduciendo datos como la edad o el sueldo hacen un cálculo aproximado. La Seguridad Social también ofrece este servicio a través de la web Tu Seguridad Social.