Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz emitió la pasada semana un auto por el que dictaba el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso Matadero', en el que dos ediles del anterior gobierno del PP -del área de Familia y Asuntos Sociales- estaban supuestamente implicadas en una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas.

En rueda de prensa, Romaní, tras citar literalmente el auto del Juzgado que concluye "taxativamente que no existen indicios algunos de ilícito penal en la adjudicación de las viviendas" y que "ninguno de los trabajadores de Asuntos Sociales ha manifestado recibir presiones", ha recordado que "nunca" las dos ediles del PP estuvieron imputadas, aunque la actual concejal de Vivienda, que cuando los supuestos hechos trabajaba en Asuntos Sociales y "se sentó delante de un juez y no fue capaz de sostener que había recibido presiones, sigue hablando de desimputadas".

El portavoz del PP ha recordado que durante el proceso ha habido 86 declaraciones, de los trabajadores sociales "y todo aquel que las partes han querido llevar", y ha incidido en que "en ninguna de ellas ha declarado haber recibido presiones de ningún tipo" para cambiar los informes para adjudicar las viviendas.

Por ello, Romaní se ha preguntado "quién lo denunció y en base a qué si después de tres años de instrucción, 86 declaraciones y más de 50 testigos no hay ni una sola declaración de nadie que haya recibido presiones".

El portavoz del PP ha insistido en que "todas las trabajadoras sociales han manifestado que nunca habían recibido presiones, incluido Pilar Tubío -hermana de la ahora concejal y trabajadora de Asuntos Sociales-, que incluso manifestó que nunca recibió una orden para modificar el sentido del informe".

No obstante, Romaní ha llamado la atención de que hay tres trabajadoras que manifestaron que "otras compañeras, no ellas, recibieron presiones", y "han sido las tres hermanas Tubío, de las que una fue candidata suplente al Senado por IU y otra es actual concejal". "Pero ellas cuando estuvieron en sede judicial dicen que nos la presiona nadie", ha incidido.

Por ello, Romaní ha anunciado que van a pedir a la Fiscalía que "se deduzca testimonio por las declaraciones realizadas por las tres en sede judicial, por si las mismas pudieran ser constitutiva de delitos, y muy especialmente sobre Pilar Tubío -coordinadora entonces del servicio de Asuntos Sociales-, para que interese si se pudiera dirimir otros delitos de mayor gravedad como posible prevaricación o falsificación de documento público, entre otros".

DENUNCIA FALSA

El portavoz del PP ha añadido que "si lo denunciado fueron presiones y declararon que no hubo, se puede deducir presuntamente que se ha podido cometer un delito de denuncia falsa".

En este sentido, ha realizado un relato cronológico de los hechos, recordando que el portavoz del PSOE, Fran González, se presentó en Fiscalía para decir que "Pilar Tubío presentó su dimisión ante las presiones políticas" de las dos concejales del PP para cambiar los criterios para la adjudicación, "afirmando que había tenido conocimiento de tales hechos a través de las manifestaciones de Manuel Bienvenido, representante sindical de Autonomía Obrera y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento".

Romaní ha llamado la atención de que un jueves, 19 de septiembre de 2013, Pilar Tubío mantuvo una reunión con la Junta de Personal "y al lunes siguiente, con un fin de semana de por medio, el portavoz del PSOE redacta una denuncia, bastante densa, y la presenta a Fiscalía, que al día siguiente abre diligencias". "De jueves a martes se abren diligencias, y luego nos quejamos de la lentitud de la justicia", ha apuntado.

Por ello, ha añadido que el portavoz del PSOE y los miembros de la Junta de Personal "deben aclarar quien mintió a quien y cómo hicieron para mentir a la Fiscalía", lo cual "van a tener que declararlo en sede judicial", ya que ha anunciado que el PP lo llevará por un "presunto delito de denuncia falsa y tendrán que aclarar quién dijo qué y en base a qué".

Igualmente, el portavoz del PP ha señalado que no descartan emprender acciones judiciales también "contra algunos que en estos tres años y medio han tenido la oportunidad y las ganas de expulsar todo el odio que llevaban dentro", como "Juana Cortés, David Muñoz y Gonzalo Pando, que en la revista Interviu dijeron algunas lindezas que luego no fueron capaces de ratificar ante un notario".

ASUNTOS SOCIALES AL SERVICIO POLÍTICO

El portavoz del PP ha acusado de la actual concejal de Vivienda de usar el servicio de Asuntos Sociales "para su promoción política", a pesar, según ha indicado, de que "en mayo de este año dijera que su partido no ha utilizado el 'caso Matadero', ya que ella misma en un debate en mayo de 2015 en Onda Cádiz Televisión dice que había dos concejales imputadas por eso".

Romaní ha insistido en que "el clan de las Tubío lo hizo con el único objetivo de ir contra el gobierno de Teófila Martínez, y la que ahora es concejal de Vivienda no ha tenido la vergüenza política de arremangarse en ese servicio que ella destrozó, sino que hoy por hoy critica a la delegada de Podemos que lleva esa delegación, y se puede ver en las asambleas".

Por ello, el portavoz del PP ha afirmado que "Eva Tubío, la que ha mentido delante de una jueza en el caso que ella y su hermana provocaron, no es digna de ser concejala".

Así, le ha pedido al alcalde, José María González (PCSSP), que "mientras que la Fiscalía no deduzca testimonio de lo declarado y se determine el posible delito cometido, sea cesada, porque políticamente está inhabilitada para cualquier asunto que tenga que ver con la vivienda pública en esta ciudad".

Finalmente, Romaní ha querido felicitar a los dos concejales del PP que se vieron implicadas en el 'caso Matadero' "por dejar atrás una pesadilla que ha durado tres años y por su comportamiento".