"Cuando llegue el escrito, lo analizaremos", ha dicho Reyes a Europa Press. Lozano, anunció la pasada semana que remitirá a la dirección regional y federal del PSOE, así como a la provincial, un escrito pidiendo que no se le aplique el código ético del partido una vez que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Andújar (Jaén) ha ordenado la apertura de juicio oral en una causa en la que el primer edil ha sido investigado como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.

El secretario general de los socialistas jiennenses ha apuntado que "lo que sí está claro" es que cuando tuvo lugar lo que ahora está en tribunales, el alcalde de Marmolejo no era Manuel Lozano sino el ya fallecido Cristóbal Relaño (PSOE), por lo que "el actual alcalde no firmó nada en ese sentido".

Ha añadido que "de lo que se ha encargado Manuel Lozano desde que es alcalde ha sido regularizar la situación en la que se encontraba el tanatorio municipal y que hoy en día ya está regularizado". Por ello, ha incidido en que "la situación es la que es y habrá que esperar a que remita su escrito" para "ver las explicaciones que da".

Reyes no se ha pronunciado abiertamente sobre si puede haber excepciones al código ético del PSOE, pero ha puntualizado que cuando se hizo el código ético del PSOE, "nosotros nos referimos a corrupción, a enriquecimiento ilícito" para apartar a los cargos públicos de sus funciones en el momento en el que los jueces ordenaran la apertura de juicio oral.

No obstante, ha insistido en que "vamos a ver la documentación que nos remite el alcalde y nos pronunciaremos al respecto".

El código ético del PSOE establece literalmente que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".

El Ministerio Fiscal ha pedido la inhabilitación durante ocho años de Lozano acusándolo de conceder al margen de la legalidad y obviando advertencias de la Junta de Andalucía una licencia al tanatorio cuando era edil de urbanismo en 2005. El escrito del Ministerio Fiscal pide también ocho años de inhabilitación para el que fuera arquitecto técnico del proyecto.

Tanto al alcalde como al aparejador municipal están encausados como presuntos autores de un delito de prevaricación supuestamente cometido en 2005, cuando el primer edil era concejal de Urbanismo. En concreto, los cargos son por la licencia concedida al tanatorio promovido por la empresa PMC Servicios SL, que según el Ministerio Público, se otorgó al margen de la legalidad y a pesar de las advertencias realizadas desde la Junta de Andalucía.