María Luisa Hermida Pérez-Hevia, una abogada leonesa, ha abierto la caja de los truenos. Madre de una joven universitaria de primer curso, la letrada ha decidido presentar una denuncia ante la Consejería de Educación de Castilla y León contra el centro concertado en el que estudió su hija Irene.

El motivo de la queja, por la que solicita el reintegro de algo más de 5.000 euros, se centra en el cobro por parte del colegio San José de León (un centro concertado de la orden de los Maristas) de una "aportación voluntaria" desde que su hija Irene comenzó Primaria y que ella califica de absolutamente "ilegal".

"Entiendo que esto atenta contra el principio de gratuidad porque el Estado paga una cantidad concreta por niño, vaya a la pública o a la concertada. Y el centro se tiene que apañar con eso. Lo que no puede ser es que porque un colegio tenga campanillas pretendan sacarnos el dinero a los padres de forma coactiva", ha contado la abogada a 20minutos.

Eso sí, Pérez-Hevia quiere dejar muy claro que su denuncia "no es un ataque a la educación privada", de la que se declara firme defensora. "Si quieres ser un centro completamente privado, adelante. Que te pague o se matricule quien pueda", explica. Pero lo que no admite es que "seas concertado y me cobres dos veces, quitándoselo a otro niño", asegura.

A juicio de la jurista, el problema de las cuotas encubiertas que cobran los colegios concertados no es nuevo, sino que "se está perpetuado en el tiempo y ocurre en todos los colegios de España", afirma.

La abogada explica que fue en las Navidades de 2015 cuando, leyendo jurisprudencia, topó con una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de ese mismo año en la que el Alto Tribunal confirmaba la sanción de multa que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía impuso al Instituto de las Escuelas Cristianas La Salle de Almería por el "incumplimiento grave" del concierto educativo al pedir a las familias cuotas de 20 euros trimestrales.

A partir de ese momento, María Luisa comenzó a pensar en el asunto y decidió actuar unos meses después, cuando en junio de 2016 su hija abandonó completamente el centro tras aprobar Bachillerato. "No quería que pudiera haber represalias contra ella", aclara.

Fue entonces cuando la abogada reclamó al centro los recibos de las aportaciones realizadas, algo que, según su versión, tuvo que reclamar mediante un burofax, aunque finalmente logró la documentación que ha aportado en su denuncia.

"Al principio no me lo planteé, pensaba que si el colegio te lo cobra es porque es legítimo. Y lo pagué. Pero se están saltando la Constitución, lo saben y lo usan porque los padres tienen miedo", cuenta.

Es más, asegura que se siente "engañada y coaccionada" y que la batalla que ha emprendido no es por ella. "Yo lo he podido pagar, pero en estos colegios, que van por cupos, hay niños de todas las condiciones económicas y algunos han tenido que dejarlo porque esas familias no podían pagar las aportaciones".

María Luisa explica que cuando su hija iba a Infantil en el mismo centro (etapa educativa no obligatoria de cero a seis años), ella pagaba el recibo mensual como una guardería  privada. Fue a partir de 1º de Primaria (curso 2004/2005) cuando empiezan a cargarle un cobro en su cuenta de 41 euros, que fue progresivamente aumentando a lo largo del tiempo.

Además, recuerda que en 2008 el colegio hizo firmar a los padres un documento en el que supuestamente aceptaban la voluntariedad de dicho pago, lo que, subraya, es una manera de reconocer que llevaban años cobrando esa aportación de forma irregular y todo parece indicar que el colegio fue asesorado en ese sentido. "La voluntariedad, presumo, era del colegio puesto que a los padres no se nos dio opción", precisa la abogada en su denuncia.

La letrada considera que estos centros se las apañan "sutilmente para ir desplazando a los niños que no lo pagan", de forma que al final prefieren abandonar los centros. "Si no lo pagas te cobran hasta una fotocopia del boletín de notas o te excluyen de actividades", dice. El cobro de esta cuota "está generando niños de primera y segunda categoría", afirma en referencia a los alumnos de la enseñanza privada-concertada y pública.

María Luisa insiste en que espera que su iniciativa pueda ayudar a terminar con una práctica "repugnante" que sufren "miles de padres en toda España, que han sido "coaccionados" a este pago ante la posibilidad "de que sus hijos pudiesen ser discriminados".

"Esta y no otra es la razón de que miles de padres en toda España no se atrevan a denunciar, lo que sí se hace por medio del presente escrito", subraya la abogada en su denuncia, que ha presentado en la Subdelegación del Gobierno para su remisión a la Consejería de Educación.

Ahora será el Gobierno regional el que, según la jurista, tendrá que pronunciarse y, previsiblemente, multará al colegio. Será entonces, si este quiere recurrir, cuando se abra la vía judicial a través de un recurso contencioso administrativo que, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acabará previsiblemente en el Supremo, que ya se ha manifestado al respecto con el fallo de Almería.

Por eso, la letrada entiende que la puerta está abierta para todos los padres de la escuela concertada que quieran reclamar estos cobros indebidos e irregulares e, incluso, se ofrece para tramitar la gestión a todos los padres de España que estén interesados en ponerlo en marcha.

Por su parte, el colegio San José de León se ha mostrado "sorprendido" por la reclamación instada tras ser contactado por este diario, que ha hablado con su director, Javier García Calleja.

Según ha explicado, el centro no ha cobrado en ningún momento "una cuota" sino que "es un donativo voluntario que se puede desgravar a Hacienda, es una cosa completamente legal", ha explicado.

Por otra parte, el director y docente ha recordado que "los conciertos son insuficientes" y que no se actualizan y revisan al menos desde 1990.

En cualquier caso, ha aclarado que el centro no tiene constancia por el momento de que se haya cursado ninguna queja o reclamación en su contra.