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La Mesa del Congreso paraliza por el momento el debate sobre la transferencia de la AP-9 y pide nuevos informes

Atasco en la AP-9
Atasco en la AP-9 (EUROPA PRESS)
  • SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso ha paralizado este martes, por el momento, la tramitación de la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia por unanimidad para que el Gobierno central transfiera la titularidad de la autopista de peaje AP-9 a Galicia, como el propio presidente de la Xunta -ahora en funciones-, ha defendido en diferentes ocasiones, incluso con la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, quien ya mostró en su día sus reparos.

El órgano rector del Congreso ha pedido, no obstante, nuevos informes jurídicos que se pronuncien sobre la posibilidad de debatir o no esta propuesta de ley, una transferencia que el PP gallego ha llevado en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre en que Feijóo revalidó su tercera mayoría absoluta.

Frente a este rechazo, la Mesa ha rechazado el veto del Gobierno a dos proposiciones de ley del PSOE sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y las condiciones de los trabajadores de subcontratas y ha decidido continuar su tramitación parlamentaria, eso sí, con el voto en contra del PP, según indicaron fuentes del órgano de gobierno de la Cámara.

Previamente, el Gobierno del PP en funciones había comunicado al Congreso su rechazo a tramitar diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos y lo justificaba en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

ARGUMENTOS DE FOMENTO

El informe de Fomento destaca en que la autopista AP-9 "vertebra el eje atlántico" enlazando los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño.

El Ministerio que ahora dirige en funciones Rafael Catalá dice que la AP-9 está "integrada" en la red transeuropea de transporte e insiste en que "a través de las vías de alta capacidad de titularidad del Estado" soporta regularmente tráfico de largo recorrido y permite conectar los principales núcleos gallegos "con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea", incluido Portugal (por la A-55).

Asimismo, apunta que conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías e incluye la conexión con los tres aeropuertos de Galicia.

Fomento determina que esta infraestructura, de acuerdo con la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, forma parte de la red de carreteras del Estado, ya que "está integrada en un itinerario de interés general, está incluida en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal", así como a puertos y aeropuertos.

"Por lo que no sería factible el traspaso de la autopista al Gobierno autonómico de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y, de acuerdo con los principios constitucionales de reparto de competencias entre administraciones".

OBLIGACIONES ECONÓMICAS

En 2014, como recoge la proposición de ley, la concesión de la AP-9 tuvo unos ingresos derivados del peaje de 127,7 millones de euros. Dado que el fin de la concesión está fijado para 2018, el coste estimado del rescate de toda la concesión está cifrado en más de 4.300 millones de euros.

Con estos datos de fondo, Fomento advierte que "en el caso de que la Comunidad Autónoma acordase unilateralmente el rescate de la concesión", la Administración General del Estado "tendría que asumir de manera inmediata unas indemnizaciones a la sociedad concesionaria que estarían cifradas, en al menos 4.300 millones de euros, importe correspondiente al peaje que dejaría de recibir hasta el momento previsto para el fin de la concesión".

No obstante, la proposición de ley del Parlamento de Galicia únicamente contempla el traspaso de la titularidad a la Comunidad gallega.

El Gobierno en funciones apunta que "no existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento para el ejercicio 2016 que permitan afrontar dicho pago". Por ello, informa "desfavorablemente" a la proposición de ley de transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.

LAS OTRAS OCHO VETADAS, EN SUSPENSO

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que hasta ahora no había usado esa capacidad de veto, se pronunció en concreto contra cinco proposiciones de ley del PSOE (paralización de la LOMCE, subcontratas, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria), una de Ciudadanos (sobre autoconsumo eléctrico) y cuatro de parlamentos autonómicos (una de Murcia sobre autoconsumo energético, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).

Cada una de estas proposiciones de ley ha sido objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de 5.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.

En la Mesa del Congreso se han examinado los diez vetos del Gobierno y, de entrada, la oposición entendió que dos de ellos son injustificados: la ley para mejorar las condiciones de los subcontratados, que es un cambio del Estatuto de los Trabajadores, y la paralización de la llamada 'Ley Wert'.

En el caso de la paralización de la LOMCE, el Gobierno argumentaba que, si se detuviera el calendario de aplicación, España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. Esta misma iniciativa llegó a debatirse en el Pleno del Congreso la pasada legislatura, pero entonces Moncloa renunció al veto al considerar que, ante la previsible disolución de las Cortes, el calendario no peligraba.

INFORME A LOS SERVICIOS JURÍDICOS

En cuanto a las ocho restantes, su tramitación queda en suspenso. No obstante, la Mesa del Congreso ha acordado pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir siguientes pasos.

En los anteriores casos de vetos del Gobierno, las proposiciones de ley que no contaban con el visto bueno de Moncloa se daban por decaídas, pero entonces la Mesa del Congreso tenía la misma mayoría que el Ejecutivo.

Como la Mesa, pese al voto en contra del PP, ha acordado seguir adelante con estas dos proposiciones de ley, el Gobierno ya ha adelantado su intención de recurrir. El caso puede acabar en los tribunales o incluso plantearse un nuevo conflicto de competencias con el Congreso.

Y a tenor de estos precedentes, todo apunta a que el Gobierno tampoco permitirá tramitar la proposición de ley que el PSOE y todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos registraron la pasada semana, junto con los sindicatos, para subir las pensiones en 2017 por encima de la inflación.

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