El sargento de la Guardia Civil acusado de haberse quedado 13.380 euros intervenidos al individuo que mató a tiros a dos transeúntes en Mazarrón (Murcia) en 2011, ha reconocido que él era el responsable de custodiar el dinero y que lo guardó en un cajón personal de su despacho que cree que cerró con llave. Cuando descubrió que el montante había desaparecido, dos semanas después, no contó nada a sus superiores porque tuvo "miedo y pánico" de perder su trabajo e ir a la cárcel.

"Dicen que el miedo es como el dolor, cada uno siente el suyo", ha reconocido el sargento de la Benemérita, que se encuentra cesado temporalmente y que en el momento de los hechos era el jefe del equipo de homicidios de la Policía Judicial, por lo que actuó como instructor del doble homicidio que tuvo lugar en Mazarrón, en el que un individuo que se encontraba fugado de una prisión de Cataluña acabó a tiros con la vida de dos peatones.

La Guardia Civil intervino 13.000 euros que pertenecían al doble homicida y que el sargento ahora encausado se encargó de custodiar. En concreto, afirma que guardó en el dinero en el cajón de su despacho y no lo ingresó en la cuenta oficial del Juzgado, como es habitual, porque tenía intención de comprobar su origen y su número de serie, con el fin de averiguar si procedían del robo de algún banco o de algún "ilícito penal".

El agente reconoce que tuvo el dinero guardado en un cajón de su despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia durante dos semanas, tiempo en el que tuvo que desplazarse a Barcelona para interrogar precisamente a la pareja del doble homicida. Fue al volver de ese viaje cuando se dio cuenta de que el dinero ya no estaba en su cajón, que se encontraba abierto y la cerradura no estaba forzada.

Sin embargo, no lo comunicó a sus superiores porque sintió "miedo y pánico" a "ingresar en prisión, perder el empleo" y su modo de vida. "Porque los guardias civiles somos personas también", tal y como ha tratado de explicar a los miembros del Jurado Popular que se encargarán de dictar un veredicto sobre su culpabilidad al finalizar el procedimiento judicial que ha comenzado este lunes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

En concreto, la Fiscal considera que el acusado es responsable de delito de malversación de caudales públicos, por el que pide que se le imponga la pena de cinco años de cárcel, mientras que el abogado de la defensa sostiene que su cliente no se quedó con el dinero ni se "enriqueció", por lo que pide su absolución".

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