La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se ha sumado este martes a la reclamación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de limitar y controlar el precio del alquiler en la ciudad –como ya hacen otras capitales europeas– para evitar que se genere una nueva «burbuja inmobiliaria y un nuevo proceso especulativo» provocado en gran medida «por el turismo».

También desde el  Observatorio DESC se aboga por crear un Sindicato de Inquilinos para defender y asesorar a los arrendatarios, en la línea de las organizaciones que ya existen en países como los Estados Unidos o Alemania. DESC asegura que el 40% de las viviendas que se compran en Barcelona son destinadas a la inversión.

Vilà considera que son necesarias «modificaciones legales» en materia de arrendamiento y lo considera el problema «más serio y dramático» que afronta actualmente la ciudad.

Por ello, la síndica cree que las dificultades para acceder a la vivienda se traten en los próximos presupuestos municipales, pendientes de aprobación. La defensora del ciudadano conoció de primera mano la problemática a pie de calle en una reciente visita al barrio del Poblenou, acosado desde hace años por una presión turística creciente, de la mano de la plataforma Ens Plantem.

En este barrio del distrito de Sant Martí existen más de 900 pisos turísticos, según datos que maneja la plataforma, 700 de ellos legales y otros 250 ilegales. Además, la zona soporta 12.000 plazas de hotel, a las que se sumarán otras 4.000 más en construcción. Vilà pide que no se admitan más alojamientos turísticos en el Poblenou y que tampoco se amplíen las plazas de los ya existentes mediante la declaración de Zona Específica 1 en el Plan Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat).

La primera edil de Barcelona advertía el pasado mes de septiembre de que las estimaciones que baraja el consistorio indican un aumento de los precios del alquiler de entre un 10% y un 15%. «Los precios están subiendo demasiado, queremos una ciudad asequible y que los vecinos no tengan que marcharse (gentrificación) por el elevado coste de la vivienda», dijo entonces.

Estas cifras las refuerzan otras:la estimación de precio medio de alquiler mensual del Anuari Estadístic de la Ciutat, que hablan de un aumento del 8,8% el coste del metro cuadrado (10,2 euros en 2014 y 11,1 euros en 2015). 

El Govern aprobó ayer la ley que prevé expropiar temporalmente pisos a los bancos y negociar la paralización de los desahucios de familias en situación de pobreza. La nueva ley, que ha pasar el trámite parlamentario en octubre, sustituirá los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley de Emergencia Social.

Según explicó la consellera de Governació, Meritxell Borràs, la ley contempla expropiar viviendas vacías de propiedad de bancos y grandes tenedores «si estas no cumplen su función social» en un periodo de entre 4 y 10 años.