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Un centenar de personas se reúne en Valladolid para buscar soluciones a la exclusión social

  • Cerca de 100 personas, 40 de los cuales de Castilla y León, han participado en el seminario 'Crecimiento inclusivo, empleo y lucha contra la pobreza', organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de España (EAPN), que se ha celebrado en el Crefes de Valladolid.

El presidente de la EAPN, Carlos Susías, ha explicado que esta jornada ha versado sobre la situación del empleo y cómo se incardina con las políticas sociales.

"Si el empleo no funciona, no hay programa social que supla esto", ha aseverado Susías. Además, ha añadido que "se necesitan políticas de apoyo a la natalidad para poder afrontar las políticas de pensiones a largo plazo".

Asimismo, ha aseverado que "las cifras macroeconómicas han mejorado, pero las micro se agravan", lo que es necesario afrontar y revertir, "no solo paliar".

A la clausura del seminario ha acudido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha explicado que la lucha contra pobreza y la exclusión social y la construcción de una sociedad "más justa" es un objetivo "prioritario" de las políticas sociales de la Junta.

García ha insistido en la "importancia" de seguir con el trabajo para responder a las necesidades más "básicas" de las personas desfavorecidas y procurar su efectiva integración social.

Entre las iniciativas más destacables que se han puesto en marcha recientemente, la consejera ha destacado el fortalecimiento de la Red de Protección a las Familias y el acuerdo con el Diálogo Social mediante el que se incorporan medidas extraordinarias que la refuerzan, además del compromiso de elaborar un Proyecto de Ley de la Red; la puesta en marcha de un Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral 2016-2020 dotado con 335,6 millones de euros que podría llegar a 109.000 personas; la ampliación en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y la reserva de contratos o la implicación en el desarrollando proyectos de innovación social como el Proyecto europeo PACT.

REFUERZO A LA RED

Respecto al fortalecimiento de la Red de Protección a las Familias, Alicia García ha señalado que, a raíz de los compromisos alcanzados a inicios de año en el seno del Diálogo Social, en abril se aprobó en forma de Decreto-Ley un conjunto de medidas encaminadas a reforzar la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis.

En la "necesidad" de mejorar el funcionamiento de la Red, Alicia García ha recordado el "compromiso" de la Junta de elaborar un Proyecto de Ley de la Red de Protección a las Personas y Familias, que perfeccionará su configuración y funcionamiento, además de dotarla del máximo rango normativo al incorporarla al Estatuto de Autonomía.

El presupuesto para la Red de Protección a las Familias en 2016 es de 180 millones de euros con una previsión de atención a 180.000 personas. Esta Red ofrece respuestas a miles de familias y personas en la Comunidad y atiende a una media superior a las 150.000 al año, con el suministro de alimentos a una media de 25.000 personas al año, con ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social de las que se beneficiaron 27.000 personas en 2015.

La Red protege el derecho de las personas a mantener su vivienda, a través del Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha atendido desde su puesta en marcha a casi 4.700 familias y a través del cual ninguna de las familias que acudió a este programa sufrió desalojo forzoso.

NECESIDADES DE MENORES

Al mismo tiempo, la Red cubre de modo "especial" las necesidades básicas de los menores de edad y garantiza unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis mediante la Renta Garantizada de Ciudadanía.

A esta Renta Garantizada, que desde su puesta en marcha ha beneficiado a más de 64.000 personas, la Junta ha destinado un presupuesto para 2016 de 69 millones de euros.

PLAN DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

La consejera ha destacado también el trabajo de la Junta en los últimos meses para facilitar el acceso al empleo de las personas más desfavorecidas a través de la elaboración de una herramienta como es el primer Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, dotado con 335,6 millones de euros para todo el periodo y con el que se refuerza la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral.

Se estima que el conjunto de acciones de formación, orientación e inserción laboral podrá llegar a 109.000 personas en todo el periodo temporal de desarrollo del Plan.

Está elaborado con la participación e implicación del Diálogo Social y de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la exclusión, como EAPN Castilla y León,

y contempla todos los aspectos de la inserción laboral, abarca actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y a facilitar tanto el acceso como el mantenimiento del empleo, todas ellas adaptadas a las circunstancias y perfiles de las personas a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.

García ha recordado que el Plan de Inserción Socio-laboral está sustentado en la innovación social que incorpora la metodología del Proyecto Europeo 'PACT', iniciativa europea de casi 2,8 millones de euros liderada por la Comunidad y en la que EAPN es uno de los principales socios de la Junta.

El proyecto 'PACT' está enfocado a potenciar la Red de Protección y la inserción socio-laboral de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía con dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social proactiva.

Junto al refuerzo a la Red de Protección y la puesta en marcha de un Plan de Inserción Socio-laboral, otra de las iniciativas recientes ha sido la aprobación, en julio, de unas nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Se ha ampliado la reserva de contratos, además de a Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a empresas de inserción e implanta los proyectos de inserción socio-laboral en forma de contrataciones de la Administración de la Comunidad, con la condición de promover la inserción laboral de personas que estén en situación o riesgo de exclusión social.

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