Los abogados del multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed han enviado una solicitud escrita para que la reina Isabel II, el príncipe Carlos y el duque de Edimburgo testifiquen en la investigación judicial sobre la muerte de Diana de Gales, que comienza este martes, reveló hoy "The Sunday Telegraph".
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El magnate cree que esos tres miembros de la familia real británica poseen información relevante tanto sobre la muerte de la princesa y de su hijo, Dodi Al Fayed, en París en 1997, como sobre el estado de ánimo de Lady Di en aquel momento.
Al Fayed, dueño de los grandes almacenes londinenses "Harrods", cree que la pareja fue asesinada porque estaba planeando casarse y sospecha que el marido de Isabell II, el duque de Edimburgo, estaba implicado en el complot junto con miembros de los servicios secretos.
La familia real no estará representada legalmente en la pesquisa, que se espera que dure hasta marzo próximo, pero, según "The Sunday Telegraph", espera que el juez forense que lleva el caso, Scott Baker, determine que la comparecencia de la reina, el príncipe Carlos y su padre, el príncipe Felipe, no es necesaria.
Según otro dominical, "The Sunday Times", los representantes legales de Al Fayed también presionarán a Baker para que llame a declarar a John Scarlett, jefe del servicio de inteligencia exterior, el MI6.
El millonario egipcio quiere que Scarlett explique por qué el MI6 destruyó un documento secreto que aludía a unos supuestos planes para atentar contra el ex presidente serbio y yugoslavo Slobodan Milosevic.
Al Fayed ha asegurado que el accidente de Dodi y Diana fue calcado a ese presunto plan para eliminar a Milosevic.
El magistrado, el cuarto que se hace cargo de la investigación, probablemente habrá decidido la lista de testigos para el próximo viernes, antes de que el jurado visite el túnel del Puente del Alma de París, donde falleció la princesa, según fuentes próximas a la pesquisa.
La investigación, que comienza tras años de retrasos, va a costar 10 millones de libras (unos 14,3 millones de euros), la mayor parte de los cuales serán sufragados por los contribuyentes, según "The Sunday Times".
Entre otros gastos, habrá que pagar las minutas de casi una veintena de abogados y los costes de un servicio de protección a los miembros del jurado.
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