El Gobierno de Colombia y las FARC concluyeron este miércoles en La Habana los diálogos del proceso de paz con la firma de un acuerdo final de seis puntos "que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera", según el documento.

Quizá el punto más novedoso -y controvertido- del acuerdo es el que posibilita la participación política de la hasta hoy guerrilla: Las FARC tendrán hasta 2018 portavoces "con voz pero sin voto" en el Congreso de Colombia para discutir la implementación de los acuerdos de paz, y a partir de entonces podrán presentarse a elecciones con una "representación mínima asegurada por dos periodos", anunció el presidente Santos.

Hay precedentes: al Congreso colombiano llegaron en 1991 por voto popular exintegrantes de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), convertida en el movimiento Alianza Democrática M-19 tras su desmovilización un año antes. En las elecciones de ese mismo año, el actual senador Antonio Navarro Wolff consiguió el tercer lugar en las presidenciales tras reemplazar como candidato al entonces líder del M-19, Carlos Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990.

De igual forma, el M-19 y la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó el 15 de febrero de 1991, tuvieron representación en la Asamblea Constituyente de 1991, aunque este último movimiento tuvo dos delegados sin voto.

Las delegaciones del Gobierno y las FARC anunciaron hoy la culminación de los diálogos y presentaron el acuerdo alcanzado tras casi cuatro años de negociación.

Los puntos íntegros del acuerdo final son los siguientes:

- El Punto 1: "Reforma Rural Integral".

Este contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La "Reforma Rural Integral" debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

- El Punto 2: "Participación política".

Apertura democrática para construir la paz". La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

- El Punto 3: "Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas".

Tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo "Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses". Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz".

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

- El Punto 4 contiene el acuerdo "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas".

Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

- El Punto 5 contiene el acuerdo "Víctimas".

Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

- El Punto 6 contiene el acuerdo " Mecanismos de implementación y verificación".

Se crea una "Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias", integrada por  representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar  la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.