Lo establece el decreto que regula los derechos y los deberes del alumnado que aprobó ayer el Consejo del Gobierno, similar al que se aplica en Andalucía.

Hasta ahora, los responsables de los colegios e institutos abrían al alumno conflictivo un expediente que posteriormente enviaban al Consejo Escolar y que tenía que obtener el visto bueno de la Consejería de Educación.

Todo ello que demoraba el proceso varios meses. Ahora "agilizará los trámites y eso es positivo para la convivencia en la comunidad escolar", dice el psicólogo y del IES Aramo de Oviedo, José Luis Garzo. También aplaude el texto la Federación de asociación de Padres Miguel Virgós.

Serán los propios centros quienes elaboren un plan de convivencia que establezca las normas que deben cumplir los estudiantes. Si la actitud del alumno es muy negativa, pueden echarle un mes o cambiarle de colegio.

Las sanciones dependerán de la gravedad del problema. Si molesta en clase o tiene faltas injustificadas, le mandarán a casa tres días o le cambiarán de grupo.

Pero no todo son amonestaciones, el decreto contempla deberes: de respeto, de esfuezo, de estudio. Y derechos: de libertad de expresión, de valoración de su rendimiento escolar y de identidad personal.