El Pleno del Constitucional ha decidido este lunes por unanimidad suspender la resolución adoptada la pasada semana por el Parlament catalán, que suponía un desafío al Estado y la apertura de una vía unilateral hacia la independencia de Cataluña. La decisión del alto tribunal llega tras la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal. Ahora, el Constitucional ha iniciado los trámites para decidir qué multas impone y valorar si abre la vía penal contra los responsables de la resolución del Parlament.

El tribunal ha notificado la sentencia a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa, al secretario general del Parlament y a la Generalitat catalana, recordándoles "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Entre otros, se ha enviado la advertencia a Carme Forcadell y a Carles Puigdemont. El tribunal no ha tomado medidas contra ellos, pero les advierte de que podría tomarlas si no acatan la sentencia.

Además, la sentencia da 20 días de plazo a Forcadell para que explique su actuación antes de una posible actuación contra ella. Todos los cargos que han recibido la notificación deberán informar de su actuación sobre la sentencia del 2 de diciembre y sobre el auto del pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción de las medidas previstas" en el artículo 92 de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional.

Ese artículo es el que permite tomar medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, medida que solicitó el Ejecutivo contra Carme Forcadell.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido a la decisión y ha asegurado que obedecerán al Parlament y construirán un "Estado libre".

Puigdemont ha replicado en Twitter a la orden emitida por el Constitucional: "Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza".

"Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero", ha escrito.

A las 12:30 horas el presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, había convocado un pleno extraordinario para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.

El Gobierno pedía al tribunal que declarara nula y sin efecto jurídico alguna la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.

Pero el Ejecutivo no sólo pedía la nulidad de la resolución, sino que se estudiase la aplicación de medidas coercitivas, pues el alto tribunal ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con el resto de España.

Entre las medidas que pedía el Gobierno, destaca la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.

La petición del Gobierno era que el Constitucional "proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal" que pudiera corresponder a Forcadell.

Pero también planteaba otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a esa resolución.

O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución.

En ambos casos, pedía que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.

Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP y que tienen como objetivo cumplir un pronunciamiento del tribunal.

El Gobierno quiere que, dada la "extremada relevancia constitucional del caso", el Tribunal "se pronuncie lo antes posible" sobre el incidente.

Además, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución que determina que la impugnación por el Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad autónoma conlleve su inmediata suspensión durante cinco meses.