Según ha informado la consejería de Servicios Sociales, la iniciativa incluye a familias que, debido a una situación de privación material severa, necesitan una ayuda extraordinaria para atender necesidades básicas de los menores, como la alimentación, el vestido, el material escolar o los suministros generales de la vivienda.
La gestión de las ayudas, que se sitúan en 700 euros por núcleo familiar, se realiza mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos, a través de los servicios sociales municipales, dado que éstos son los que mejor conocen la realidad socioeconómica de los vecinos y pueden determinar con mayor precisión qué personas precisan de estos apoyos.
El reparto por ayuntamientos se realiza en función de los parámetros que establece el indicador sobre la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, en la que se combina el riesgo de pobreza basado en lo monetario con otros factores, como la carencia material y la baja intensidad en el empleo.
Estas ayudas se suman a los 1,4 millones aprobados el pasado mes de junio por el Gobierno asturiano para combatir la pobreza energética en los hogares más desfavorecidos.
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