Marbella es el tumor contra el que se está luchando, pero hay metástasis. Ésa parece la conclusión que se desprende de la última memoria de la Fiscalía, que alerta de que el efecto Marbella se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y han aumentado "significativamente" los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales, según publica hoy El País.

El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial.

En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella", indica el ministerio público.

El escenario malagueño

La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico.

Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra ayuntamientos (entre ellos Manilva, Marbella, Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria y la capital), según la Fiscalía. La mayoría, por prevaricación urbanística.

En el interior, los casos se refieren a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables del monte. Además, en "numerosas" poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos, según El País.

La situación en el resto de Andalucía

La Fiscalía de Cádiz, abrió el año pasado 77 investigaciones por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. En 2006 se ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Por otra parte se ha observado que algunos arquitectos técnicos y peritos han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.

En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año (100 en 2005). El mayor número de diligencias se concentra en la Sierra Norte y la Sierra Sur por construcción en suelo no urbanizable.

En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en Almuñécar y el entorno de Motril.