El miedo y el qué dirán son las causas: en Euskadi, casi la mitad de las mujeres víctimas de malos tratos no piden ayuda a los servicios sociales. El estigma social que conlleva y el sentimiento de culpabilidad que en muchas ocasiones les embarga, llegan, incluso, a provocar que mujeres maltratadas retiren sus denuncias o se nieguen a declarar contra su agresor frente a un juez, según un informe de Emakunde presentado ayer en el Parlamento vasco.

El año pasado, hubo 3.700 denuncias en la comunidad  vasca, aproximadamente un 9% más que en 2005, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior de Justicia.

Deficiencias

Los servicios sociales vascos destinados a la atención de estas mujeres muestran todavía deficiencias que merman su funcionalidad, como la falta de recursos, tanto humanos como materiales, y de formación.

«Caminamos por el sendero correcto, aunque aún queda mucho por hacer», señaló Izaskun Moyua, directora de Emakunde. Otra de las áreas de mejora para este colectivo es la respuesta a nivel territorial. El informe alerta de  las diferencias que existen en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, debido a «un desarrollo desigual de las competencias asumidas por diputaciones, municipios y mancomunidades».

Emakunde encuentra, además, una escasez de actividades de prevención, que sólo llevan a cabo un 48% de los servicios sociales de base.

En Euskadi, las víctimas de maltrato o agresiones sexuales disponen de varios recursos sociales, que son gestionados directamente por los ayuntamientos. Se trata de pisos de acogida, servicios de orientación jurídica, programas de atención psicológica para las víctimas y sus agresores y ayudas económicas.