La entrada en vigor, el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 41,8 % en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal.

La reforma legal, que modificó el artículo 284.2 de la LECrim, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, ha tenido como consecuencia que, frente a los 61.798 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 35.989 asuntos en los tres primeros meses de este año.

Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata-con un auto de archivo por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en la resolución: de 63.753 asuntos resueltos se ha pasado a 39.374.

Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 30.467, un 21,5 % menos que hace un año, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

RESTO DE JURISDICCIONES

El informe 'Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2016' publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 30,6 % respecto del mismo periodo de 2015.

Así, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales de Castilla y León-incluidos los penales-fueron 70.242, frente a los 99.967 del primer trimestre de 2015.

En este periodo, los juzgados y tribunales resolvieron 79.296 asuntos, lo que supone una disminución interanual del 26,6 %, mientras que al final del mismo quedaron en trámite 89.002 asuntos, un 11,3 % menos que en la misma fecha del año pasado.

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 27.301, lo que representa un descenso interanual del 13 %. En esta jurisdicción se resolvieron 31.712 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 44.319 asuntos.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 1.798 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 20,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 2.526 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 5.767.

Por su parte, los órganos de la jurisdicción social recibieron 5.154 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 11,5 %. El número de asuntos resueltos fue de 5.684 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 8.449.

POR DEBAJO DE LA MEDIA EN LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).

En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3). Castilla y León también tiene una tasa de litigiosidad por debajo de la media nacional, en concreto de 28,7 asuntos por cada mil habitantes.