Una mujer que habitaba sin título alguno una vivienda propiedad de la entidad financiera Bankia, junto a sus cinco hijos menores de edad, ha esquivado la amenaza de desalojo que pesaba sobre ella, al permitir finalmente el banco su permanencia en el inmueble hasta que los niños acabasen el curso escolar, contando así el Ayuntamiento hispalense con tiempo suficiente para "gestionar una vivienda protegida" para esta familia.

A través de una resolución emitida el 21 de junio, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz presenta el caso de una mujer que exponía que ocupaba sin título una vivienda de Bankia, "solicitando permanecer en ella en régimen de alquiler social", si bien merced a las acciones legales del banco, un juzgado le había dado un plazo de "diez días" para abandonar la vivienda y los servicios sociales de Sevilla sólo le ofrecían entonces como alternativa "un mes de alquiler o un albergue".

Todo ello cuando la afectada, según manifestaba, "estaba inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda como familia monoparental, familia numerosa y por exclusión social", pues esta mujer es "madre de cinco hijos menores de 16 a nueve años, exclusivamente a su cargo, ya que el padre les abandonó y no les pasaba ninguna ayuda económica, sobreviviendo con lo que ganaba de la venta ambulante y recibiendo ayuda tanto de los servicios sociales como de diversas ONG, siendo el problema fundamental el de dónde vivir".

Dado el caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitó a Bankia que "estudiase posibles fórmulas que permitieran a la interesada poder permanecer en la vivienda que ocupaba o acceder a alguna otra de titularidad de esa entidad, mediante un alquiler social", avisando de "la existencia de menores que se verían afectados por las decisiones que se adoptasen en relación con la situación en la que se encontraba esta familia".

Bankia, en ese sentido, habría respondido que "se iba a proceder a revisar el expediente al objeto de valorar la realización de un alquiler social sobre la vivienda u otra alternativa, con la mayor urgencia posible", remitiéndose a su procedimiento "para la solicitud de un alquiler social de acuerdo con el Convenio del Fondo Social de Vivienda". La afectada, respecto a dicho procedimiento, estaba no obstante "pendiente de recibir un certificado que debían emitir los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla".

Finalmente, y según el departamento de Jesús Maeztu, tras todas estas gestiones, "se pudo ofrecer a esta familia una solución habitacional distinta y acorde a sus necesidades y a las circunstancias que la acompañaban, (...) ofreciéndole permanecer en la vivienda que esta ocupaba, propiedad de la aludida entidad bancaria, hasta tanto concluyera el curso escolar de sus cinco hijos menores de edad".

Gracias a este aplazamiento, según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla tuvo así tiempo de "gestionar una vivienda protegida" para esta familia.