La escuchas telefónicas que presentó este miércoles el Ministerio Público (MP) en la trama de corrupción descubierta en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), desvelan las negociaciones entre funcionarios y particulares para la concesión de terrenos de la portuaria, en el Pacífico de Guatemala.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, reprodujo ante el juez Miguel Ángel Gálvez parte de las interceptaciones en las que el exinterventor de la portuaria, Allan Marroquín, prófugo de la justicia, habla del tema con el directivo español Juan José Suárez, uno de los detenidos por este caso.

Sandoval explicó que estas escuchas son parte de las pruebas que entregará al Juzgado donde tiene lugar desde el pasado lunes la audiencia de primera declaración del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de dirigir la trama.

Además de ellos, por este caso están detenidas otras nueve personas, entre ellos Suárez, director de la compañía TCQ, que era filial de la española Terminal de Contenedores de Barcelona, que fue vendida en marzo pasado a la empresa holandesa APM Terminals.

Actualmente, TCQ pertenece en un 85 % a APM y en un 15 % a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.

En las conversaciones, Marroquín y el directivo español hablan sobre el avance de las negociaciones para lograr la concesión para un periodo de 25 años. El exinterventor también conversa con el ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, otro de los detenidos, sobre la terminal portuaria.

Según las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), TCQ pagó 30 millones de dólares en "comisiones" para lograr la adjudicación del contrato para ampliar el puerto Quetzal. De ese monto, supuestamente 24,5 millones de dólares eran para los socios guatemaltecos (Pérez Molina y Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos también implicados en el caso y medio millón para gastos.

El contrato con TCQ ha sido calificado de ilegal para las autoridades y la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, confirmó que se pedirá la nulidad y la intervención de las cuentas.

"La lección que le vamos a dar al mundo es que las empresas internacionales no pueden venir a hacer negocios con sobornos", afirmó Villagrán en una conferencia de prensa, en la que aclaró que las peticiones judiciales están a la espera de un acuerdo gubernativo aprobado por el líder del país.

La empresa TCQ formaba parte del grupo internacional de la compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida el pasado mes de marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación del mayor puerto del país, la terminal de Puerto Quetzal.