En él se planteaba la anulación de una condición suspensiva en el convenio firmado en 2012 entre el Ayuntamiento y la firma almeriense sobre unos terrenos en los que previamente, en 2009, se había suscrito otro convenio referido a la Ciudad Sanitaria; lo que entre otras cosas ha suscitado dudas entre PSOE, Jaén en Común (JeC) y los tres concejales no adscritos, exrepresentantes de Ciudadanos.

Por estos últimos, Iván Martínez se ha preguntado por qué tanta premura si las obras no van a poder empezar en meses, ya que necesitaría de licencia y, para ello, un proyecto de urbanización que debe ser aprobado en una junta de compensación que hay que constituir con sus estatutos y bases. "Es imposible que se haga un mes", ha comentado pidiendo dejarlo sobre la mesa y una reunión entre todos "si este sector tiene la problemática que tiene".

Se ha referido, entre otras cosas, al recurso contra la revisión del PGOU planteado por Hacienda Las Cuevas, propietaria del suelo donde se prevé el centro comercial Santo Reino, en relación al sector SURO-6, donde iría el 'Jaén Plaza'. Ha apuntado que no lo ve claro como tampoco "la urgencia todos los pasos que quedan a este sector para afianzarse", al tiempo que ha asegurado que están a favor de que se instalen grandes empresas y centros comerciales", pero resolviendo las dudas y "si es totalmente normal".

Para el portavoz de JeC, Manuel Montejo, no se entiende que "el Ayuntamiento pueda en este momento directamente adoptar esta decisión", considerando que "sí podría haber repercusiones legales". Tras apuntar que no comprenden urbanísticamente el convenio firmado en 2009, ha matizado que "exactamente igual" les pasa con el de Alvores y tienen "dudas legales" sobre la actuación del Consistorio "por mucho que tenga la capacidad de actuar sobre el planeamiento".

"Deben dejar de echar balones fuera en la responsabilidad de cómo se ha tramitado este asunto y no poner más cortinas de humo antes la dudas que nos generan", ha señalado no sin añadir que "con intenciones, por muy buenas que sean, no se puede crear empleo" y no se deberían "usar como reclamo para crear falsas expectativas" en quienes están parados.

También la concejal socialista María del Mar Shaw ha defendido que el punto "debería quedarse sobre la mesa". Ha aludido a los "dos condiciones suspensivas en el convenio firmado con Alvores en 2012", comenzando por "dejar sin efecto el que firmó el PSOE" sobre la Ciudad Sanitaria". "El PP hizo uno nuevo sin anularlo y por dos veces el Consejo Consultivo le dijo al Ayuntamiento que era legal, que no se podía anular y que está en vigor. Y ahora a los dos años y medio lo traen a prisa y corriendo", ha apostillado.

Ha atribuido esa premura a que "la otra condición es que en cuatro años tenía que estar finalizado", de modo que "en octubre se le acaban". Para Shaw, se trata de "una puerta de atrás" con "serias dudas legales" que podría suponer "responsabilidad de diverso índole", ya que "lo que la norma manda que se haga a través del consejo consultivo en ningún caso permite a través del pleno". De este modo, y tras subrayar que "dentro de un proceso consensuado, con un estudio de impacto" no están en contra de los centros comerciales, pero sí de este trámite "porque no trae legalidad y transparencia".

Por su parte, el alcalde y responsable de Urbanismo, Javier Márquez, ha indicado que aunque este punto "no es tan esencial", permitiría "acelerar", que "no favorecer" las obras de los accesos del Jaén Plaza. "Tienen que pagar su diez por ciento de aprovechamiento urbanístico. Han pagado 600 y pico mil euros. Tiene que pagar 2,6 millones. El Ayuntamiento, en vez de hacerlo ellos, tendremos que hacer la rotonda... y licitarlo y ellos pagarán su aprovechamiento", ha agregado no sin llamar la atención sobre la posibilidad de que las empresas acaben dejando el proyecto si hay más problemas y "tras años deambulando por Jaén".

Al respecto, ha considerado que "ha quedado hoy retratado quien quiere tirar para adelante y quién no" con esta iniciativa cuya inversión y generación de empleo ha destacado, mientras que ha considerado que lo que ocurre es que "una empresa que quería montar un centro comercial ha declarado la guerra a otra que monta otro".

CUESTIÓN DE SOLVENCIA

En su opinión, es una cuestión "de solvencia", punto en el que ha recalcado que ni él ni el Ayuntamiento tienen la culpa de que firmas como Decahtlon, Leroy Merlin, Norauto, Worten o McDonald "elijan, entre uno y otro, a Alvores". Además, ha aclarado que la tramitación urbanística e ambos está "en el mismo sitio", en la Dirección General de Urbanismo, a lo que ha unido que el propio PGOU recoge el SURO-6 como comercial y "está avalado por la Junta de Andalucía", que es la que aprueba el plan tras "cuatro años comprobando la legalidad de todos los sectores, convenios, etcétera".

Márquez ha incidido, igualmente, en que "un convenio urbanístico no condiciona la planificación", sino que "es una declaración de voluntades pero después se tiene que concretar en la planificación" y en caso de no cumplirse "a lo mejor tiene derecho a indemnización por daños o perjuicios, punto". A ello ha sumado que el convenio con Hacienda Las Cuevas firmado en 2010 en el mandato de PSOE e IU "afecta a la competencia" porque no se puede estar estableciendo privilegios para unos", en alusión de una cláusula de exclusividad.

"Se está jugando al farolero", ha manifestado el regidor, para el que sorprende que "se esté despotricando sobre Alvores" y "no se habla" ni se recurre otras dos áreas comerciales -en la actual estación de autobuses y Maristas- previstas en el PGOU, por lo que ha lamentado que "al final los únicos perjudicados son los ciudadanos".

LOS CAÑONES

Por otro lado, en el pleno ordinario de este miércoles también se ha dado luz verde al proyecto de intervención en los Cañones de Río Frío de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, declarando su utilidad pública e interés social para posibilitar la obtención de los terrenos y posterior ejecución de las obras con el oportuno proyecto de expropiación. PP, PSOE y los tres ediles no adscritos han votado a favor, mientras JeC se ha abstenido al entender que se podrían haber incluido las mejoras presentadas en el proceso de participación ciudadana que se abrió sobre esta actuación.