El nuevo protocolo sobre abusos sexuales a menores en el que trabajan la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat junto a la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias incluirá la detección y actuación de abusos perpetrados por parte de educadores, hecho que no se contemplaba en el protocolo elaborado por estos dos departamentos durante 2012.

La consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha explicado este martes ante la Comisión de Enseñanza en el Parlament que "el nuevo protocolo tendrá terminada su parte técnica el 29 de abril, e incluirá la posibilidad de que los abusos y maltratos se den por parte de personal de un centro educativo, tanto docentes como monitores de ocio".

"Los protocolos anteriores, ahora vigentes, estaban pensados para que el profesorado detectara posibles abusos por parte de la familia o entre los niños, pero en ningún momento estaba pensado por parte de los mismos educadores", ha relatado Bassa, y ha admitido que han detectado esta falta con los últimos casos de abusos sexuales en las escuelas de los Maristas.

El nuevo protocolo bilateral suprimirá el Protocolo de detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo de 2012, así como el añadido que se hizo en 2014, después de dos meses en el que se ha hecho una revisión completa y exhaustiva.

El Govern ha acordado, este martes, la creación de un Comité interdepartamental de seguimiento y coordinación de los protocolos sobre abusos sexuales a menores o cualquier otra forma de maltrato, según ha destacado Bassa, ante algunos fallos que ha admitido que han tenido los protocolos.

Las consellerias de Asuntos Sociales, Enseñanza, Salud, Interior, Justicia y Presidencia se reunirán cada tres meses con el objetivo de evaluar y reforzar las medidas de prevención, detección e intervención, especialmente las dirigidas a la atención de los menores y para evitar la victimización secundaria, ha explicado la consellera de Presidencia, Neus Munté.

Este comité tiene las funciones de analizar y valorar los circuitos, procesos y mecanismos de detección y comunicación entre los profesionales implicados; evitar la reiteración de actuaciones; proponer reformas y modificaciones normativas e impulsar mecanismos de seguimiento de los protocolos y medidas existentes, ha destacado Bassa.

Se trata de un acuerdo surgido de la complejidad del fenómeno y el aumento de detección de abusos y otros maltratos a menores y la mayor concienciación por parte de la sociedad de proteger a los menores, que "ponen de manifiesto la conveniencia de reforzar la coordinación institucional" en esta materia.

La creación del comité se enmarca en el Protocolo marco de actuaciones en casos de abusos sexuales u otros maltratos firmado el 2006 por parte de las instituciones catalanas implicadas en la protección a la infancia y la adolescencia, y sirvió de partida para la elaboración de protocolos específicos de coordinación, como el bilateral entre Enseñanza y Bienestar y Familia de 2012.

La titular de Asuntos Sociales ha destacado la figura de los docentes como clave en la lucha contra los abusos y maltratos a menores, y ha apuntado que los "hechos alarmantes" que han salido a la luz son puntuales en las escuelas catalanas.