Bruselas está recibiendo noticias discrepantes desde España en los últimos tiempos. Por un lado, el Ejecutivo español le dice que el déficit está controlado, pero observa en otro plano medidas de expansión fiscal y completamente alejadas de sus compromisos presupuestarios con la Comisión.

Ya ocurrió el año pasado, en pleno año electoral. El Gobierno reprochó a Bruselas que dudara de que cumpliría su objetivo del 4,2% en 2015 y provocó un rifirrafe con el comisario económico Pierre Moscovici, a quien se acusó veladamente de su militancia socialista para sugerir que intentaba dañar sus opciones electorales el 20 de diciembre. Al final el déficit público se desvió un 5%. Ocho décimas. Más incluso del 4,8% previsto en Bruselas.

Todos los organismos tuvieron claros los motivos. El Gobierno había sucumbido a la tentación aplicar medidas populares para no dañar sus opciones en un acto electoral. La agencia Moody's consideró la semana pasada que "las reformas claudicaron ante el calendario electoral". Bruselas apuntó por su parte a "la reforma del IRPF" —que adelantó la rebaja del impuesto prevista para este año— y a no tomar medidas "correctivas" contra las autonomías con exceso de gasto. Y el Banco Central Europeo (BCE) lamenta que España haya "revertido" el ajuste en los primeros años".

Este mismo martes el ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, ha comparecido en el Congreso para explicar el nuevo Plan de Estabilidad y la propuesta del Gobierno para corregir el exceso de déficit en 2015 y el enfriamiento económico asumido en 2016 (tres décimas menos de crecimiento). El programa de reformas incluirá los 2.000 millones de recortes en la Administración Central que se anunció el pasado viernes así como el acuerdo de no disponibilidad de gasto para las Autonomías.

Pero Bruselas ha vuelto a recibir otra noticia contrapuesta. El mismo día que el Ejecutivo español presentaba una cifras que De Guindos ha calificado como "prudentes y realistas"... el Gobierno ha confirmado al sindicato de funcionarios del CSI-F que devolverá en la nómina de abril el 50% de la paga extra de 2012: un gasto de 450 millones de euros para la Administración.

"Es una medida con tufo electoral con la que el PP empieza a preparar su campaña. Y es contradictoria porque se están imponiendo más recortes a las comunidades ", ha denunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez. El sindicato UGT también observa "electoralismo" en el momento del anuncio y reprocha que se haya aplazado hasta ahora la devolución de la cuantía, aunque matiza que su cuantía ya se incluía en los presupuestos para este año.

No es la única medida de expansión del gasto que ha anunciado el Gobierno en funciones en las últimas semanas. Coincidiendo con el enroque de los partidos en la negociación del nuevo Gobierno y con el adelanto de elecciones al 26 de junio más posible que nunca, el Ejecutivo ha tomado otras medidas que contrastan con el ajuste de 14.000 millones que deberá efectuarse este año para rebajar el 5% de déficit con el que se cerró 2015, a esa cifra del 3,6% de desvío presupuestario ofrecida a Bruselas para este ejercicio.

La devolución de la extra se suma a la partida de 500 millones de euros anunciado este lunes por el ministerio de Empleo, destinada a reinsertar laboralmente a los parados de larga duración mediante tutores personales y un perfil individual de empleabilidad.

Una medida contra el paro que se une a otras dos aprobadas el viernes en Consejo de Ministros: prorrogar un año el Programa de Activación para el Empleo (PAE) —426 euros mensuales para parados de larga duración con responsabilidades familiares— y mantener el programa Prepara, que contempla una ayuda de 400 euros. Según la ministra Báñez, los potenciales beneficiarios serían 118.000 para el PAE y 107.000 para el Prepara. Poniéndolo en presupuesto: 93 millones de euros.

A las cuatro medidas anteriores se suma el incremento de la oferta de empleo público para 2016: 13.427 nuevas plazas y otras 5.694 de promoción interna, el 62% y el 20,2% más que en 2015.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el nuevo Plan de Estabilidad y lo enviará después a Bruselas para su aprobación. El plan pedirá dos cosas: la primera, cerrar 2016 con un desvío del 3,6%, ocho décimas más del 2,8% prometido a Bruselas para este año; o lo que es lo mismo, 8.000 millones de euros menos en ajustes de los 22.000 que deberían haberse aplicado.

Un margen que, según el ministro de Economía, se repartirá (sin especificar en qué porcentaje) entre las autonomías y la Administración Central. "Más de la mitad tiene que venir a las comunidades, como mínimo el 0,5%", ha pedido la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Las regiones se desviaron el año pasado un 0,96% sobre su objetivo comprometido del 0,7%

La segunda petición a Bruselas será ampliar hasta 2017 el plazo para cumplir el límite del 3% de déficit comprometido. Pero Bruselas quiere ver primero el detalle de las cifras que España le enviará a finales de abril. "Ninguna decisión está tomada", ha dicho este mismo martes el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. "España no ha cumplido su objetivo para 2015 y eso tiene implicaciones para este año. Solo cuando tengamos los nuevos datos, propondremos las decisiones correspondientes al Consejo".