El Parlamento Europeo ha adoptado este jueves, por una amplia mayoría, la puesta en marcha de un sistema europeo de registro de los pasajeros de vuelos, presentado como una herramienta importante en la lucha antiterrorista.

Un total de 461 diputados se pronunciaron a favor del informe del registro, que se conoce por sus siglas en inglés PNR, mientras que 179 se opusieron y 9 se abstuvieron. El Partido Popular Europeo (PPE) fue desde el principio su gran valedor en la Eurocámara, mientras que entre los socialistas (mucho más que en las filas de otros grupos) hubo algunos que mostraban una cierta prevención por los riesgos de intromisión en la privacidad, y eso redundó en cambios hasta el texto final.

En el último año también ejerció una presión explícita el Gobierno francés, con el argumento de que los atentados perpetrados en su territorio en 2015 se planificaron o se prepararon en el extranjero, y en nombre de la acción contra las redes yihadistas que se sirven de la libre circulación en el interior de Europa y de la falta de comunicación entre servicios secretos para borrar trazas.

Ahora tendrá que recibir el visto bueno del Consejo Europeo y los Estados Miembros, que deben adoptarlo formalmente, tendrán dos años para trasponer la directiva.

El PNR europeo prevé recoger toda una serie de informaciones sobre los pasajeros que se dan en el momento de la reserva, y que las compañías tendrán que transmitir a unas autoridades nacionales responsables de su puesta en común con los 27 países que participan (Dinamarca queda excluida).

La Comisión Europea trabajará ahora para elaborar las normas que establezcan los protocolos y los formatos de datos para la transmisión de los datos. Estos son son aspectos clave de la directiva:

El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, que defendió durante el debate que el PNR es "un instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo y los delitos graves", avanzó que presionará a los Estados para que lo implementen "lo más pronto posible", sin agotar el plazo máximo de dos años que tienen.

Avramopoulos y el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, hicieron notar en un comunicado que los "atroces atentados terroristas" de París el 13 de noviembre y de Bruselas el 22 de marzo necesitan una "respuesta común" europea y la directiva del PNR será "una importante contribución". A juicio de ambos, no sólo mejorará la seguridad de los ciudadanos, sino que paralelamente incluye "salvaguardas" para garantizar la privacidad y la protección de datos personales.

Por otra parte, el Parlamento también ha dado luz verde definitiva al nuevo paquete lesgislativo de protección de datos que se lleva negociando desde el año 2012 y para cuya implementación los Estados Miembros tienen también dos años de plazo.

Los dos informes sometidos a la Eurocámara, que lograron un amplio consenso que quedó en evidencia en el debate del miércoles, establecen unos estándares de protección más adaptados a la presencia de internet, que poco tiene que ver con la del año 1995, de cuando data la normativa en vigor.

"El derecho de olvido va a quedar bien aclarado", según la comisaria de Justicia Vera JourovaEl objetivo principal, según los dos ponentes, Jan Albretcht y Marju Lauristin, es dar más control a los ciudadanos sobre la información privada que ponen en línea, con el establecimiento claro de responsabilidades de las empresas en internet, que paralelamente dispondrán así de unas reglas comunes en los 28 países de la UE que ambicionan servir de estándares mundiales.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, destacó que este paquete sobre la protección de datos permitirá a la UE "sacar partido del mercado digital", al tiempo que los ciudadanos tendrán más información sobre cómo se gestionan sus datos personales, y además de una forma que les sea comprensible.

"El derecho de olvido -afirmó Jourova- va a quedar bien aclarado", de forma que se precisa el mecanismo para solicitar a los buscadores de internet que retiren de las selecciones informaciones privadas, pero con limitaciones para tener en cuenta la libertad de expresión.

La comisaria, que hizo hincapié en que las firmas extracomunitarias tendrán que respetar la normativa europea -un mensaje dirigido, sobre todo, a los gigantes de internet, en su mayoría estadounidenses, afirmó que se va a trabajar con los Estados miembros para que incorporen este paquete en su legislación, de forma que entre en vigor en 2018.

Las nuevas reglas sustituyen las que están en vigor concebidas hace más de dos décadas, cuando internet estaba en mantillas, y con ellas se pretende que los ciudadanos dispongan de mayor control sobre sus datos personales. Eso pasa por la obligación de dar una autorización explícita para que sean tratados por las empresas, que tendrán que presentar sus condiciones en un lenguaje claro y conciso, sin letra pequeña.

Será más fácil dar marcha atrás en el permiso parental para que niños o adolescentes tengan cuentas en las redes sociales. Uno de los principales puntos es el llamado "derecho al olvido", es decir reclamar el borrado de informaciones personales para que no aparezcan con los motores de búsqueda, pero con límites para no anular el derecho a la información.

Los consumidores podrán saber que sus datos se han pirateado porque las empresas habrán de notificar estos incidentes a las autoridades de supervisión cuyas competencias se amplían para acoger las posibles denuncias. Las multas en casos de infracción podrán llegar al 4% de los ingresos de las compañías, que tendrán que nombrar a un responsable en caso de que el tratamiento de datos esté en el centro de su negocio.