Grecia inició este martes las deportaciones de migrantes a Turquía en virtud del acuerdo entre Bruselas y Ankara, aunque no tramitará aún demandas de asilo por el método rápido, de 15 días máximo, que prevé la nueva ley sobre refugiados aprobada el viernes.

A partir del 7 de abril está previsto, según han confirmado fuentes del Gobierno heleno, que comience un "programa piloto" con 30 funcionarios, y sus respectivos intérpretes, pertenecientes la oficina europea de asistencia al asilo (EASO), los cuales empezarán a estudiar las peticiones. Los 30 funcionarios europeos ya han viajado a Grecia.

No obstante esta cifra de miembros de EASO está muy lejos aún de los 400 que prometió enviar la Unión Europea (UE) para ayudar y complementar a los 200 trabajadores del servicio griego de asilo. La UE también prometió hasta 1.500 policías de diversos Estados miembros, de los cuales 400 estaba previsto que llegaran este fin de semana a Grecia. La coordinadora para los refugiados del Gobierno griego no ha podido confirmar a si han llegado todos estos agentes, aunque sí aseguró que han arribado "centenares".

Mientras tanto en los centros de detención de las islas del Egeo oriental, en los que ya acampan más de 6.000 personas, no hay posibilidad de solicitar el asilo oficialmente, aunque según la coordinadora de refugiados helena "la mayor parte" de los detenidos allí han expresado su deseo de hacerlo.

En el campo de detención de Moria, en la isla de Lesbos, se hacinan ya más de 3.350 personas y diversas ONG han denunciado las condiciones insalubres en las que tienen que vivir juntos hombres, mujeres y niños.

La situación es parecida en la isla de Quíos, en cuyo centro de detención siguen encerrados más de 1.800 migrantes a los que hay que sumar los alrededor de 600 que escaparon derribando una valla el viernes ante la pasividad de la Policía. Alrededor de 300 de estos migrantes se instalaron en un campo abierto propiedad del Ayuntamiento y otros 300 están en el puerto de la capital de la isla esperando tomar un barco hacia Atenas.

A pesar de que el acuerdo entre UE y Turquía reflejaba un aumento en los controles y patrullas tanto en la costa turca como en el Egeo, las llegadas a Grecia no se han detenido: más de 300 personas llegaron en las últimas 24 horas, a las que hay que sumar las 1.400 que arribaron el fin de semana.

Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) han reclamado que se paralicen las expulsiones de migrantes desde las islas griegas porque no reúnen las garantías legales de protección internacional.

Las tres ONG han denunciado que Grecia no está ofreciendo asistencia letrada gratuita, ni información a los migrantes y por tanto no está evaluando de forma individualizada, como exige la ley, las necesidades de protección internacional de cada persona trasladada a Turquía.

Para la responsable jurídica de CEAR, Paloma Favieres, estas primeras expulsiones "parecen devoluciones colectivas porque no se ha ofrecido la seguridad de que se hayan hecho tras un estudio individualizado de cada una de las necesidades que puedan tener estas personas y eso sería discriminatorio".

"Estas personas expulsadas no han solicitado asilo en Grecia -es uno de los requisitos fijados en el acuerdo de la UE con Turquía-, pero ¿han tenido la posibilidad de hacerlo y se les ha informado de sus derechos?", ha preguntado la jurista, quien ha mostrado su extrañeza por el hecho de que los expulsados coincidan en las nacionalidades. Según la responsable de CEAR, Grecia no contempla en estos procesos de asilo la asistencia jurídica, ni para los refugiados, ni para los inmigrantes.

"Es totalmente imposible que estén teniendo acceso a abogados y a interpretes, que estén llevando a cabo una entrevista rigurosa e individualizada en tan poco tiempo, con la falta de capacidad que tiene Grecia", ha señalado Verónica Barroso, de Amnistía Internacional (AI).

En este sentido, la responsable de AI ha insistido en que "las devoluciones no se pueden llevar a cabo, son totalmente ilegales, el acuerdo con Turquía es ilegal e inmoral y no cumple con el derecho internacional en materia de derechos humanos, además de que Turquía no es un país seguro".

Desde Oxfam-Intermón, Paula San Pedro ha recordado que en estos primeros traslados desde Grecia a Turquía van las personas que no tienen derecho asilo y aquellos que todavía no han iniciado la petición de protección internacional en Europa. "No está llegando la información a los refugiados, no tienen acceso a abogados, y todo ello va a implicar que entre las personas expulsadas vaya a haber muchos casos de protección internacional que no se han respetado".

Además, ha lamentado que la prioridad que otorga este acuerdo aquellos refugiados que no había llegado a Europa, va a perjudicar "a los más vulnerables, que son las personas reasentadas en países limítrofes a los que están en guerra" desde hace meses. Por su parte, Save the Children ha pedido al Gobierno español que se oponga a la implementación del acuerdo y lidere un cambio de políticas en Europa para ofrecer protección a los refugiados.