La Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei), creada por profesionales del sector para protestar contra las "irregularidades" en lo que a la gestión de sustituciones se refiere y a la "mala situación" que vive la bolsa de esta etapa educativa, asegura que iniciará "acciones" después del debate parlamentario que, centrado en la cobertura de bajas en esta etapa educativa, ha tenido lugar esta semana en el Parlamento de Andalucía.

La portavoz de la Padei, Estela Fernández, ha precisado en este sentido a Europa Press que, mientras que el colectivo ve "estupendas" las declaraciones de los partidos de la oposición, que supieron "plantear bien la problemática", no están satisfechos con las declaraciones del Grupo Socialista.

"Si en todo momento aluden a que es el PP el que recorta a nivel estatal pero ellos a su vez endurecen el decreto, lo que están es aplicando una política mucho más dura que la de derechas", ha criticado Fernández, que ha reaccionado a la aseveración de la existencia de un centenar de interinos con pocas provincias como opción recordando que "muchos tienen familiares enfermos, hijos o hipotecas".

Para la portavoz de la plataforma, no tiene sentido "achacar un mal funcionamiento en el sistema a un dato tan estúpido". Asimismo, también se manifiestan en contra del aumento de ratios y la supresión de líneas, "que parece que solo se dan en la pública, y no en la concertada".

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aputaba al decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de 2012 del Gobierno central como causa fundamental que justifica los problemas de la cobertura de bajas denunciados públicamente por los docentes de Educación Infantil, pues el mismo establece que las sustituciones se producirán únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que las origina.

A pesar de los cuatro supuestos incluidos en una modificación propiciada por la Ley de Presupuestos de 2016 y que supondrían una sustitución "inmediata" —en casos de alumnos con necesidades especiales, docentes con al menos dos líneas educativas, profesores de segundo de Bachillerato o casos de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento—, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, incidía en lo "tremendamente nocivo" de la medida en lo tocante al funcionamiento de los colegios, por lo que aboga por su derogación total.