Más de mil personas denunciaron entre 2012 y 2015 haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos belgas, según revela un informe publicado este lunes y que recoge la agencia Belga.

El estudio, llevado a cabo por Manu Keirse, exprofesor de la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven) y presidente de la comisión interdiocesana para la protección de los niños y los jóvenes, asegura que en esos años las autoridades eclesiásticas han pagado 3,9 millones de euros a las víctimas de esos abusos.

"Son víctimas que han esperado durante mucho tiempo, a veces 40 años, para manifestarse. Son personas mayores, a partir de 60 años", declaró a la RTL el obispo de Tournai, Guy Harpigny, quien destacó que son perfiles de personas que resultaron gravemente heridas por los hechos.

La cadena francófona asegura que el 89 % de las víctimas tenía menos de 18 años en el momento de los hechos y el resto menos de 10 años.

El informe, por otra parte, enumera las iniciativas adoptadas por las autoridades eclesiásticas belgas para tratar las denuncias de las víctimas.

Por un lado, más de 400 víctimas de abusos sexuales denunciaron los hechos a través de los once puntos de acogida creados para ayudar a ese colectivo, mientras que más de 600 lo hicieron por medio del Centro de Arbitraje creado a petición de la comisión especial del Parlamento federal para tratar las quejas por abusos sexuales.

El informe recuerda que para aquellos hechos que no han prescrito, se ofrece asistencia a las personas que pretenden presentar una denuncia ante las instancias judiciales.

La fundación Dignidad, creada por los obispos belgas para indemnizar a las víctimas de los curas pederastas, ha pagado 3,9 millones de euros en cuatro años, según el informe.

En 2010, el Parlamento y la Iglesia Católica belga decidieron crear un centro de arbitraje tras hacerse público un informe que sacaba a la luz más de 450 casos de niños y adolescentes que habían sufrido violaciones en las últimas décadas y no las habían denunciado. La mayor parte de los casos han prescrito.

Las indemnizaciones a las víctimas previstas por el centro de arbitraje van desde los 2.500 euros por los "atentados al pudor" cometidos sin violencia ni amenazas, hasta los 25.000 euros para las violaciones reiteradas y graves.