El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, se han reunido este miércoles en Sevilla para abordar asuntos relacionados con el ciclo integral del agua. En el encuentro se ha acordado estrechar la colaboración entre las administraciones para agilizar los trámites y aspectos técnicos que permitan avanzar en la mejora de la gestión de los recursos hídricos en la comunidad.

En este sentido, Fiscal avanzaba en una entrevista concedida a Europa Press que su Consejería pretende concretar este año 2016 una línea de colaboración directa con las ocho Diputaciones provinciales para que éstas establezcan prioridades y se puedan encargar, con financiación autonómica, de determinadas obras para la depuración de aguas residuales, al objeto del cumplimiento de la normativa marco para 2015.

El consejero apuntaba a respetar los términos de la directiva europea como "una de las prioridades absolutas" de su departamento, afirmando al respecto que en 2016 el Ejecutivo andaluz hará "todo lo que esté en su mano" para acelerar las depuradoras que son competencia de la Junta.

En este sentido, Fiscal recordaba que muchas de estas instalaciones siguen dependiendo, en unos casos, de ayuntamientos o mancomunidades, mientras que otras son de Interés General del Estado, por lo que son estas administraciones las encargadas de llevarlas a cabo.

Pese a la competencia municipal, algunas de estas infraestructuras se declararon de Interés Autonómico en 2010, "sabedores de que si la Junta no intervenía había un número importante de pueblos andaluces que nunca tendrían depuradas sus aguas", explicó el consejero andaluz de Medio Ambiente, asegurando que, en el marco de la responsabilidad compartida, "no nos vamos a poner de perfil".

La administración autonómica ha invertido para poder cumplir con los objetivos de depuración en Andalucía más de 1.000 millones de euros. Ello ha permitido que la población andaluza haya pasado de tener en un 28 por ciento infraestructuras para depurar sus aguas residuales en 1992 a más del 85 por ciento en la actualidad, "siendo además la comunidad autónoma que más ha hecho por cumplir las directivas europeas".