La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto una multa de 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores en los colegios públicos de Euskadi por "reparto del mercado" durante, "al menos, diez ejercicios", lo que ha provocado "un grave quebranto a las arcas públicas y las personas usuarias del servicio".

La AVC declara, en su resolución, que la conducta de las ocho empresas que se adjudicaron los diferentes lotes en los años investigados constituye "una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por efecto restringir la competencia en el mercado".

Por estas razones, la AVC ha impuesto una sanción de 6,1 millones a la empresa Auzo Lagun S.Coop; de 522.879 euros a Cocina Central Goñi S.L.; de 775.827 euros a Cocina Central Magui S.L.; de 6,6 millones a Eureste Colectividades S.L.; de 135.497 euros a Eurest Euskadi S.L.; de 1,1 millón a Tamar las Arenas S.A.; de 1,6 millones a Gastronomía Cantábrica S. L.; y de 1,5 millones a Gastronomía Vasca S.A.

Para el cálculo de las sanciones, se ha tenido en cuenta que la Ley de Defensa de la Competencia permite imponer en las infracciones muy graves multas de hasta el 10% del volumen total de negocios de las empresas en su ejercicio anterior.

La AVC ha calculado las sanciones tomando como base el volumen de negocios de cada una de las empresas, su participación en la infracción, la reiteración de la conducta durante diez años, el peso que estos contratos suponen en el total de su facturación y la relevancia del mercado afectado.

De estos elementos, resulta el volumen final de las multas, que varía entre el 7,40% y el 3,05% del volumen de negocios de las empresas.

Hechos analizados

El Departamento de Educación del Gobierno vasco convocó licitaciones anuales para la prestación del servicio de comedores desde el año 2003 hasta el año 2014. Estas licitaciones se realizan por medio de un procedimiento con dos fases. En la primera, las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio, y, en la segunda, deben competir por obtener el contrato de cada uno de los lotes.

Las ocho empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de la contratación y, por tanto, las únicas que podían competir por los lotes.

La AVC ha considerado demostrado que durante al menos diez años las ocho empresas sancionadas "renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes".

De esta forma, durante todos los años investigados las empresas sancionadas "llevaron a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación".

La Autoridad Vasca de la Competencia ha subrayado que esta práctica tiene "una incidencia muy alta en sociedad vasca, dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son parcialmente financiados por el Gobierno vasco de manera directa (en un 35% del presupuesto) e indirecta (vía ayudas a estudiantes)".

"La falta de competencia durante todo este tiempo ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia", ha señalado.

Además, ha indicado que "el hecho de que la conducta sancionada haya producido una alteración tan sofisticada de la contratación pública ha supuesto un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general".

La limitada apertura a la competencia que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, ha generado un generado un ahorro de 7 millones de euros, "sin merma alguna para la calidad del servicio"

En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones de euros del presupuesto público solo para sufragar este servicio.