La titular del juzgado de instrucción número dos de Lugo, Pilar de Lara, pretende examinar la contabilidad de las empresas que trabajaron en la reforma del piso del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por apreciar que existe una "elevada diferencia" entre la cuantía manifestada por algunos testigos y la abonada.

En una providencia con fecha del miércoles a la que ha tenido acceso Europa Press, alude a las manifestaciones de un testigo para concluir que existe una "elevada diferencia" entre el importe presupuestado, que "no alcanza los 10.000 euros", y la cantidad finalmente abonada por el entonces presidente de la Diputación de Lugo, por encima de los 52.000 euros. Asimismo, pone el foco en los "más de cinco años" que Besteiro tardó en hacer efectivo el pago.

Por todo ello, pide que se identifique a dos trabajadores del departamento de Construcciones Pedrouzo, con la que el actual líder de los socialistas gallegos contrató la reforma, y que se examinen las contabilidades de las empresas que trabajaron en esa obra, incluida la constructora, entre los años 2005 y 2010.

De igual forma, la instructora del caso Garañón requiere un informe sobre la "correspondencia real" de las obras y los pagos" en base también a las declaraciones tributarias de las empresas, "con la finalidad de determinar si realmente se cobraron tales obras y los importes percibidos".

Esta decisión de Pilar de Lara llega después de que la Guardia Civil haya analizado las cuentas bancarias de Besteiro y las de su esposa entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2013 sin apreciar irregularidades.

Nuevas citaciones

Adicionalmente, la jueza cita a declarar el próximo 9 marzo en calidad de investigados —la figura que sustituye a la imputación— al presidente del equipo de fútbol sala Azkar Lugo, Manuel Jesús Vázquez Corredoira; y al constructor José Antonio Díaz.

El primero deberá acudir a las 10,30 horas como investigado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho; mientras que el segundo está citado a las 12,00 horas para dar cuenta de supuestos delitos contra la ordenación del territorio y de alteración de precios en concursos públicos.