El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha presentado hoy en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno autonómico a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 al considerar que son una "discriminación" para cinco millones de valencianos. Puig, acompañado de la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha registrado el recurso de inconstitucionalidad en la sede del TC por la deficiente financiación que, según la Generalitat, contiene las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para este ejercicio.

"Cinco millones de valencianos se sienten discriminados por una ley que sitúa los servicios públicos en un espacio de discriminación entre unas comunidades autónomas y otras", ha denunciado Puig en declaraciones ante la sede del TC. El objetivo de esta iniciativa legal es "intentar rescatar parte de aquello que les pertenece" a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, según Puig.

A su juicio, "no puede haber la situación de asimetría" entre territorios que existe en estos momentos por la prestación de "los mismos servicios públicos, que en algunos casos duplican y triplican la percepción de unos ingresos y otros". El presidente ha recordado que se ha presentado el recurso después de "agotar todas las vías de diálogo" con Rajoy y el Ministerio de Hacienda y de que no se aceptara la propuesta de reunir la Comisión Bilateral.

Puig ha apuntado que los Presupuestos que el Gobierno del PP aprobó antes de convocar las elecciones generales perjudican a la Comunidad Valenciana puesto que la obliga a ingresar al Fondo de Suficiencia Global del Estado 1.329 millones de euros que deja de destinar a políticas sociales. Esta obligación es consecuencia de la Ley de Financiación Autonómica aprobada en 2009, en la que se introdujo una cláusula para que cada comunidad pudiera mantener sus recursos anteriores.

El presidente de la Generalitat ha confiado en que el TC acepte el recurso para demostrar que el actual Fondo de Suficiencia Global "no desarrolla uno de sus objetivos, como es el equilibrio entre los ciudadanos". El otro motivo del recurso es que durante los últimos tres años, "se ha incumplido" la renovación del actual sistema de financiación autonómica, puesto que el Gobierno central, "de manera arbitraria", ha renunciado a su renovación para adaptarlo a las nuevas circunstancias.