Arranca el juicio por la tragedia del Madrid Arena, que continúa sin licencia de funcionamiento

  • Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por la tragedia del Madrid Arena, donde fallecieron cinco adolescentes en 2011. 
  • El principal acusado es Miguel Ángel Flores, promotor del evento, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por duplicar el aforo permitido.
  • La Fiscalía le acusa a él y los otros 14 procesados de una "falta absoluta de medidas control y de seguridad" en la organización de la fiesta.
  • El recinto sigue sin tener licencia de funcionamiento debido a los problemas de seguridad que presentan pese a seguir albergando eventos.
El principal imputado por el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores.
El principal imputado por el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores.
FERNANDO ALVARADO / EFE
El principal imputado por el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores.

Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por la tragedia del Madrid Arena, donde el el 1 de noviembre de 2012 las adolescentes Katia Esteban Casielles (18 años), Rocío Oña (18), Cristina Arce (18), Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20) hallaron la muerte durante la celebración de una multitudinaria fiesta en este recinto de la capital. El exceso de aforo debido a la venta incontrolada de entradas —se vendieron 22.835 cuando el aforo no debía superar las 10.620 personas— desencadenó una serie acontecimientos que destaparon graves deficiencias en la organización del evento por parte de los promotores, las empresas de seguridad contratadas y el Ayuntamiento de Madrid, responsable de la infraestructura y de la planificación de la seguridad a través de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec).

  • ¿Cómo se desarrollará el juicio?
    La vista oral del juicio se iniciará este martes con las denominadas 'cuestiones previas' y se estima que el juicio quede visto para sentencia la última semana de mayo. Las sesiones empezarán a las 10.00 horas y se desarrollarán martes, miércoles y viernes. Se encuentran personadas siete acusaciones particulares y dos acusaciones populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias). Pasarán por la sala más de un centenar de testigos.

  • ¿Cuántas personas hay procesadas?
    El juez instructor, Eduardo López-Palop, ha procesado finalmente a 15 personas. Palop intentará dirimir el grado de responsabilidad que los imputados tuvieron esa fatídica madrugada en lo sucedido.

  • ¿Qué acusaciones hay contra ellos?
    La Fiscalía les acusa de una "falta absoluta de control y de medidas de seguridad, seguido de un desmesurado caso de sobreaforo en el que claramente se infringen las previsiones". Trece de los quince acusados se sentarán en el banquillo como coautores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones por imprudencia, mientras que otros dos (los médicos) lo serán como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.

  • ¿Quién es el principal acusado?
    El principal acusado es el empresario Miguel Ángel Flores, promotor del evento a través de su empresa Diviertt. Según la Fiscalía, la fiesta del Madrid Arena se organizó "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado". Flores basará su estrategia en negar que se hubiese superado el aforo del pabellón. Otros acusados destacados son los médicos responsables de la enfermería, Simón y Carlos Viñals, y el exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. La lista la completan Santiago Rojo Buendía, director general de Diviertt; Miguel Ángel Morcillo Pedregal, jefe de personal de Diviertt; Rafael Pastor Martín, director de departamento de seguridad de Madridec; Francisco del Amo López, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, y su técnico de operaciones José Ruíz Ayuso. Los restantes acusados son los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde Guillermo; el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad Roberto Mateos García y los socios de Control 34 Carlos Manzanares Rodríguez y Emilio Beillard Cueto.

  • ¿Por qué no hay políticos en el banquillo?
    Pese a que la tragedia le costó el puesto a tres concejales (Miguel Ángel Villanueva, Fátima Núñez y Pedro Calvo) del equipo de la exalcaldesa Ana Botella, el juez no ha apreciado ningún tipo de responsabilidad política.

  • ¿Qué penas pide el fiscal?
    La Fiscalía Superior de Madrid ha pedido cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores, tres años para otros once acusados más y dos años y seis meses de cárcel para los médicos. No hay petición de cárcel para Emilio Monteagudo: "No hay prueba que determine que la conducta de la Policía Municipal aquella noche contribuyera al trágico resultado", ha dicho la Fiscalía, que ha defendido que la pena de cuatro años de prisión a la que se enfrenta Flores es "la máxima que permite la ley". El ministerio público solicita además que los acusados indemnicen de manera conjunta a cada una de las familias de las cinco fallecidas con cantidades que van de los 243.587 euros a los 338.490 euros en concepto de responsabilidad civil. Para los treinta lesionados las cantidades se sitúan de los 259 euros a los 34.326 euros.

  • ¿Es lo que solicitaban las familias de las víctimas?
    Las familias de las adolescentes consideran "ridícula" la petición de la Fiscalía, ya que reclamaban hasta 20 años de cárcel para todos los procesados.

  • ¿Sigue teniendo problemas de seguridad el recinto?
    Más de tres años después de la tragedia, el recinto sigue teniendo problemas de seguridad. El control del número de personas que acceden a las instalaciones es una de las deficiencias más importates, aunque el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado medidas para intentar paliar esta deficiencia. Las carencias en materia de seguridad impiden que la instalación cuente con una licencia de funcionamiento. Este hecho ha sido denunciado por Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas (Cristina Arce), que ha recogido más de 40.000 firmas en poco más de una semana solicitando el cierre de las instalaciones hasta que no se subsanen las problemas de seguridad. Su lucha ya provocó la modificación (logró 428.734) de la Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.
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