El fiscal jefe de Madrid explica este lunes su postura ante el juicio del Madrid Arena

  • Este martes comienza la vista oral por la tragedia que acabó con la vida de Cristina, Belén, Katia, María Teresa y Rocío en la noche de Halloween de 2012.
  • En el banquillo se sientan quince acusados para los que el Ministerio Público pide penas que oscilan entre los dos años y medio y los cuatro años de prisión.
  • Una de las demandas de condena más alta corresponde al empresario Miguel Ángel Flores, responsable de la empresa que organizó la fiesta.
Fachada exterior del Madrid Arena.
Fachada exterior del Madrid Arena.
JORGE PARÍS
Fachada exterior del Madrid Arena.

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, informará este lunes de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio este martes del juicio del Madrid Arena, que sentará en el banquillo de los acusados a quince personas.

La vista comienza 38 meses y 11 días después de la tragedia que acabó con la vida de cinco chicas en el pabellón Madrid Arena en una noche de Halloween: Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña.

Sus nombres estarán presentes en la vista que se prolongará hasta mayo y que dará comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid con una gran expectación, ya que se han acreditado 200 profesionales de 60 medios de comunicación.

Los quince acusados se enfrentarán a peticiones de condenas de la Fiscalía que oscilan entre los cuatro años y los dos años y medio de prisión.

Una de las demandas de condena más alta corresponde al principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, máximo responsable de Diviertt, la organizadora de una fiesta que terminó en tragedia justo cuando se disponía a actuar el plato fuerte de la noche: el DJ Steven Aoki.

El fiscal indica que este imputado, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió 22.800 entradas, frente a las 10.620 que permitía el aforo.

Junto al promotor del evento, se sentarán en el banquillo responsables de seguridad de Madridec, la empresa municipal que explotaba el pabellón, así como representantes de Seguriber y Kontrol 34, responsables, respectivamente, de la seguridad exterior e interior del evento.

Acusados están también los médicos Simón y Carlos Viñals, padre e hijo y responsables del equipo sanitario contratado para la fiesta. El fiscal les reprocha que no fueran capaces de reconocer que al menos dos de las tres menores a las que atendieron estaban en parada cardiorrespiratoria, pero enseguida "diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".

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