La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el Gobierno canario contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dan la razón a varias empresas afectadas por la segunda moratoria turística y que reclamaban casi 167 millones de euros.
Las empresas se acogieron al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes de 2009, que preveía solicitar una indemnización a cambio de reclasificar suelo turístico a rústico de protección territorial durante cinco años. Este artículo fue derogado por la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, pero ya las empresas se habían acogido a este precepto.
Los fallos del TSJC, ahora avalados por el Tribunal Supremo, no fijan la cuantía de las indemnizaciones, sino que condenan al Ejecutivo canario a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y de fijación de la indemnización, tal y como establece la ley.
Las empresas afectadas son compañías que no han podido ejecutar sus proyectos en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios