El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este miércoles la resolución independentista del Parlament de Cataluña tras aceptar la impugnación que el Gobierno presentó contra el texto, que perseguía iniciar un proceso separatista y ante el que la sentencia contrapone la unidad de la nación soberana.

La resolución de la Cámara catalana, apoyada por Junts pel Sí y la CUP, vulnera cinco preceptos de la Constitución, según ha concluido el TC.

El tribunal de garantías recuerda en su fallo que el "imperio de la Constitución como norma suprema" del ordenamiento jurídico deriva del hecho de que la ley fundamental "es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes de un Estado".

El TC admitió a trámite el recurso del Ejecutivo central contra la resolución el pasado día 11 de noviembre y dio a las partes diez días hábiles para que formularan sus alegaciones. Éstas llegaron al tribunal de garantías el pasado día 27 de noviembre, cuando se cumplía ese plazo.

El tribunal de garantías incluyó el asunto en el orden del día del pleno que comenzó el pasado martes después de que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, recabara un amplísimo consenso entre los magistrados a favor de la impugnación del Ejecutivo.

Fuentes del alto tribunal informaron de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.

Es posible, según esas fuentes, que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al Constitucional que tienen las personas afectadas por su fallo.

El tribunal ya suspendió de forma cautelar por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos el president de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataban su decisión, como hasta el momento han hecho. Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.

Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien un aspecto del mismo, la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas, sigue vigente.

La decisión del TC se notificó de manera personal al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.